50 años de cárcel para excomandantes del Gaula por el asesinato y desmembramiento de un presunto narco

En la mañana del sábado 18 de noviembre la Fiscalía dio a conocer que tres oficiales en retiro del Gaula de la Policía recibieron condenas cercanas a los 50 años de prisión por el secuestro extorsivo, tortura y desmembramiento de Jairo Arley Carvajal Sánchez en el 2011.

El ente acusador indicó que los implicados fueron la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas, el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente, que recibieron condenas de 50 años. Asimismo, sentenció a 49 años de prisión al exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del Gaula en Risaralda.

“El fallo los declaró responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Además, les impuso multas que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas; y precisó que deberán cumplir las penas en establecimiento carcelaria”, informó el ente acusador.

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Lo secuestraron para entregárselo a la Cordillera

En la investigación del caso se pudo determinar que Jairo Arley Carvajal Sánchez era dueño de caballos de paso fino y varios negocios que tenía como fachada para esconder las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

En medio del juicio se expuso que la víctima viajaba cada seis meses de Manizales a España y viceversa y que tendría negocios con la estructura criminal la Cordillera, dedicada al narcotráfico, homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos. Esta red criminal es investigada por planear un supuesto atentado contra Gustavo Petro en 2022, cuando era candidato presidencial.

Al parecer, la víctima le quedó debiendo una alta suma de dinero a los cabecillas de la Cordillera, que contactaron a los comandantes del Gaula de la Policía para que secuestraran al comerciante y exigieran cerca de 80 millones de pesos por su rescate.

Siguiendo las órdenes de sus jefes criminales, varios integrantes de la institución armada procedieron a raptar a Carvajal Sánchez sobre las 3:30 p. m. del 8 de enero del 2011 mientras departía con unos amigos en un restaurante de Manizales.

“El entonces capitán Carrillo Cáceres, en compañía una uniformada (la patrullera Liliana Marcela Martínez), se trasladó en un vehículo oficial desde Pereira (Risaralda) hasta un restaurante en Manizales (Caldas), un área fuera de su jurisdicción. Sin que mediara orden judicial, el oficial retuvo a un hombre que departía con sus amigos (Jairo Arley Carvajal)”.

El hombre fue montado aun carro por personas que se identificaron como integrantes del Gaula y sostuvieron que tenían una orden de captura en su contra. Durante el trayecto el hombre fue golpeado en reiteradas oportunidades y atacado 26 veces con una pistola eléctrica.

La víctima fue trasladada en un carro que la institución le había asignado a la entonces mayor Gañán Rojas, como comandante del Gaula Caldas para la época, que fue identificado por los testigos del hecho, pero con la particularidad de que tenía las placas modificadas.

En un punto del camino entre Manizales y Palestina la víctima fue cambiada a un vehículo que conducía el entonces subintendente Jorge Iván Ladino Montoya. Carvajal Sánchez siguió siendo torturado en el nuevo carro y fue encerrado en el baúl.

Sobre las 11:20 p. m. del 8 de enero fue reportado un carro incinerado en la vereda Las Palomas, entre Chinchiná y Palestina (Caldas). Cuando los bomberos llegaron hasta el lugar de los hechos se percataron de que el vehículo ardía más en la parte trasera, donde encontraron el cuerpo calcinado de un hombre que tenía cercenados los brazos de los codos para abajo y las piernas desde las rodillas.

“Su cuerpo presentaba traumas y golpes y le faltaban los brazos por debajo del codo y las piernas por debajo del tercio proximal de los muslos, esto sucedió antes de ser incinerado vivo y la causa de muerte fue intoxicación por inhalación de humo”, se indicó en la necropsia.

Al parecer, la amputación de brazos y piernas fueron para evitar la identificación del occiso, pero los peritos forenses determinaron su identidad a través del registro dental.

Un día después del secuestro, la pareja de la víctima recibió llamadas extorsivas para que pagara $80 millones por la liberación de su esposo, ya muerto. Además la Fiscalía pudo establecer que durante la tortura, Jairo Arley Carvajal Sánchez fue obligado a firmar escrituras con las que trasladaba unas propiedades a nombre de terceros.

“También se acredito que la oficial Martha Emilia Gañán Rojas no ejerció sus competencias legales y constitucionales para evitar o esclarecer lo ocurrido, por el contrario, dificulto el normal desarrollo de las investigaciones. Asimismo, se conoció que sostuvo reuniones con el entonces capitán Carrillo Cáceres, antes y después del crimen”, agregó la Fiscalía y determinó que los dos comandantes del Gaula tenían una larga amistad e incluso la esposa de Carrillo era la secretaria privada de Gañán.

Por el crimen también habían sido condenados la patrullera del Gaula de Risaralda Liliana Marcela Martínez, por secuestro extorsivo y favorecimiento; el patrullero Jhon Gutiérrez Grajales, por secuestro simple y homicidio agravado; el intendente Francisco Hidalgo Quintero, por favorecimiento, y el intendente Adalberto Zuluaga de los Ríos, por los mismos delitos.