Procuraduria destituyó e inhabilitó al excongresista Nilton Córdoba por su participación en el cartel de la toga

La Procuraduría General de la Nación sancionó al exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma por su participación en el episodio de corrupción llamado cartel de la toga.

De acuerdo con el Ministerio Público, Córdoba Manyoma sobornó a jueces de la Corte Suprema de Justicia para obtener beneficios jurídicos en dos procesos penales que se adelantaban en su contra.

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El excongresista, que ejerció entre 2014 y 2018, entregó 200 millones al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno Rivera.

En el fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría estableció que el excongresista entregó esa suma de dinero al funcionario judicial, que se desempeñaba en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, con el propósito de evitar una eventual orden de captura en su contra.

La conducta del entonces congresista fue reseñada por Moreno Rivera en el proceso penal en el que se investigó la actuación irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como el cartel de la toga.

Las investigaciones contra Córdoba Manyoma en la Corte Suprema de Justicia se relacionaban con irregularidades en la construcción de la alcaldía del municipio de Medio Baudó, Chocó, y un presunto lavado de activos en actividades de explotación de oro y platino, hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio.

Para el órgano de control, al entregar esa suma de dinero, el exparlamentario “quebrantó sus deberes funcionales al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la majestad de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función administrativa, sin justificación alguna en su proceder”.

Agregó que con su conducta demostró un desprecio total por la ética y la honradez que deben guiar el ejercicio de la función pública, “más aún si se trata de un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.

El Ministerio Público precisó que el excongresista tenía pleno conocimiento de que entregar sumas de dinero a servidores públicos para obtener beneficios es un comportamiento que se encuentra prohibido y constituye un delito que es castigado por la ley penal.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de Córdoba Manyoma como una falta gravísima cometida a título de dolo, y puntualizó que el hecho investigado configura un acto de corrupción de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales existentes, y en la lucha contra esas conductas:

“El ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente”.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por el excongresista Córboda Manyoma.

Cabe recordar que este ya se encuentra enfrentando un proceso penal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho por dar u ofrecer, es decir, entrega de sobornos a jueces de la corporación.

El exfiscal Luis Gustavo Moreno declaró en un juicio que fue contactado por el entonces congresista para que desviara todos los procesos que existían en su contra y que, en varias de las reuniones que sostuvieron, se acordó el pago de honorarios.

Luis Gustavo Moreno fue uno de los principales señalados y condenados por corrupción en el cartel de la toga, uno de los escándalos más relevante en la rama judicial de Colombia. Las investigaciones por este caso destaparon que, en 2017, hubo una serie de compra de decisiones judiciales y tráfico de influencias por parte de miembros del poder judicial, incluyendo magistrados de altas cortes.