La población indígena colombiana emitió una alerta por afectaciones que han estado enfrentando durante los últimos años diferentes resguardos, debido a la reducción poblacional que presenta el Censo Nacional de Población y Vivienda llevado a cabo en 2018. Los resultados fueron emitidos el 16 de septiembre de 2019 por el Departamento Nacional de Estadística (Dane).
Según explicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en un comunicado, el documento evidencia una reducción poblacional en 525 resguardos; tal disminución ha representado consecuencias de carácter económico en las comunidades. Pues, por medio del Decreto 943 de 2020, quedó establecida la “aplicación de los resultados del censo de 2018 en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones”. En vista de que, según el Dane, se redujo la población indígena, los recursos económicos que recibe también se han visto afectados.
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Según los datos compartidos por la organización, desde 2020 varias las territorialidades indígenas han dejado de percibir 700.000 millones de pesos, aproximadamente. Solo en ese año, 299 territorialidades con mayores afectaciones dejaron de recibir más de 233.000 millones de pesos. Luego, en 2021, 298 comunidades no recibieron más de 193.000 millones de pesos; en 2022, 282 comunidades no percibieron más de 136.000 millones; y en 2023, 279 territorialidades han dejado de recibir más de 106.000 millones.
La población indígena responsabiliza al Dane debido a que, según detalló la Onic, sus resultados están basados en polígonos de la Agencia Nacional de Tierras y, además, al utilizar el concepto de “residente habitual”, habría desconocido el régimen jurídico que protege los derechos territoriales de los pueblos. Aseguró que el censo no tuvo en cuenta ciertas dinámicas de ocupación territorial propias de las comunidades indígenas, en la que también deberían contemplarse sus actividades económicas, culturales, espirituales y sociales.
El resguardo indígena Páez de Corinto, que ha sido uno de los más afectados por la disminución de recursos, ha estado desplazándose desde el 2 de noviembre de 2023 a la sede del Dane en Bogotá para hacer una huelga de hambre al frente de sus instalaciones.
Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), se sumaron a la denuncia. Autoridades indígenas del resguardo Páez de Corinto (Cauca) calificaron estos hechos como un “etnocidio estadístico” de la comunidad Nasa, que también ha afectado gravemente el resguardo Escopetera Pirza, de Riosucio (Caldas)
La acción de tutela ha sido también un recurso utilizado por la población, pero, de acuerdo con sus explicaciones, los fallos de primera y segunda instancia ampararon de manera parcial sus derechos. Por eso, han pedido a diferentes autoridades y organismos nacionales e internacionales prestar atención a la problemática y tomar medidas al respecto.
“Convocamos a nuestras autoridades indígenas de las organizaciones y resguardos filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia que se hayan visto afectados por esta problemática a estar alerta a nuestro llamado para hacer parte de esta Minga en la ciudad de Bogotá”, dijo la Onic.
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