Las discusiones por el aumento del salario mínimo para 2024 iniciarán el 28 de noviembre. Este, en la actualidad, es de $1.300.606 tras el aumento del 16% para lo básico y del 20% para el auxilio de transporte establecido para 2023.
El Gobierno nacional y los empleados esperan que sea de dos dígitos, pero los centros de pensamiento y otras entidades aseguran que no puede pasar del 9% para proteger, entre otras cosas, la generación de empleo.
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No obstante, el aumento de este para el próximo año a una tasa excesivamente alta puede ejercer, entre otros, presión sobre un incremento de inflación. La afirmación es de un documento hecho por el Consejo Gremial, presidido por Germán Arce, y que está sujeto a comentarios hasta el 8 de noviembre para ser presentado después al presidente Gustavo Petro.
La advertencia que hacen los grandes empresarios tiene que ver con que un aumento desproporcionado de este desaceleraría más la economía de Colombia, y afectaría aún más el poder adquisitivo de la población.
En el mismo se toca el proyecto de reforma laboral que, en lugar de facilitar la transición de trabajadores informales a empleos formales, puede aumentar la probabilidad de que aquellos que actualmente disfrutan de protecciones laborales transiten hacia la informalidad o el desempleo.
Precisan que la alta tasa de informalidad laboral (56% en julio del 2023) se debe, principalmente, a la gran cantidad de trabajadores por cuenta propia sin contrato, que representan la mayoría de los informales, contabilizando 7,8 millones de los 12,5 millones en mayo de 2023.
De igual forma, dice que debe promover remuneraciones formales para trabajos a tiempo parcial en microempresas y en sectores rurales, estimulando la productividad y la expansión del empleo.
Estrategias transversales para la reactivación económica
En dicho documento se plantean estrategias transversales para la reactivación económica. Son las siguientes:
- Dinamizar el mecanismo de obras por impuestos:
Este mecanismo que permite pagar de forma alternativa a personas jurídicas hasta el 50% del impuesto de renta, a través de la inversión en proyectos de los municipios más vulnerables del país, y cuyo objetivo final es fomentar la participación empresarial en la construcción de paz y el cierre de brechas, podría ser una herramienta para potenciar la generación de empleo e ingresos en las regiones, dinamizando el desarrollo regional.
Para ello, se requiere contar con la identificación conjunta entre el gobierno y las comunidades de las necesidades a resolver en las regiones que puedan ser financiadas a través de este mecanismo.
- Promover la implementación de proyectos estratégicos con enfoque en la reactivación económica regional:
Se requiere mejorar la pertinencia de la inversión de recursos del Sistema General de Regalías, a partir de la consideración de proyectos regionales con impacto en materia de competitividad e innovación, alineados con las vocaciones productivas de los territorios y en los que converjan diferentes fuentes de recursos, de manera que se promueva la articulación del Gobierno nacional con el local y los actores del sector privado y de la academia.
Una efectiva asignación de recursos para proyectos estratégicos con enfoque en la reactivación económica, permitirá mejorar el bienestar social en las regiones.
- Promover el consumo interno:
- Generar incentivos fiscales para el consumo nacional: Se requiere la generación de incentivos fiscales temporales, tales como reducciones en el impuesto sobre las ventas (IVA) para ciertos productos o servicios, de modo que se estimule la demanda interna y se fomente la compra de bienes y servicios nacionales, impulsando la producción local.
- Promover la producción nacional: Se requiere la realización de campañas de educación y concientización del consumidor que promuevan una cultura de consumo responsable y sostenible que respalde la producción nacional.
- Aumentar la participación de productos y servicios no tradicionales en las exportaciones:
- Dinamizar los encadenamientos productivos.
- Promover la inserción de clústeres en cadenas regionales de valor de América Latina y el Caribe.
- Impulso a la producción agroindustrial con fines de exportación.
- Focalizar la inversión relacionada con la infraestructura rural y la adopción de tecnología.
- Fomentar la asociatividad y el cooperativismo.
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