Tres hombres involucrados en una trama de corrupción vinculada al excongresista Mario Alberto Castaño Pérez, admitieron su responsabilidad ante la Fiscalía General por haber participado en una serie de actividades ilegales destinadas a influir en la contratación pública en diversas regiones del país.
La Dirección Especializada contra la Corrupción fue la que hizo este hallazgo. Los implicados en este escándalo son Wilmar Herrera Gallego, el exalcalde de Norcasia, Caldas; Juan Sebastián Vargas Marín, ingeniero civil y exsecretario de Planeación de Manzanares, Caldas; y Jhon Alexánder Sánchez Giraldo. Todos han aceptado los cargos a través de un preacuerdo y se les impondrán diferentes condenas.
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Según la investigación, Juan Sebastián Vargas Marín participó en la estructuración y direccionamiento de seis contratos para favorecer a personas relacionadas con el excongresista Castro Pérez. Como parte del preacuerdo, enfrentará una pena de cuatro años y tres meses de prisión por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
También como parte de la pena entregará libros a la Alcaldía de Risaralda, por un valor superior a cinco millones de pesos. Además, ofrecerá una serie de charlas pedagógicas de prevención del delito a estudiantes de ingeniería civil.
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Por su parte, Wilmar Herrera Gallego desempeñó un papel como facilitador de proyectos y contratista, involucrándose de manera inapropiada en dos contratos.
Como resultado del acuerdo judicial, será sentenciado a cuatro años y cinco meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Además, deberá contribuir a la reparación donando una colección de libros por valor de tres millones de pesos a una escuela en Manizales, Caldas.
Por último, se ha determinado que Jhon Alexánder Sánchez Giraldo intervino de manera irregular en tres contratos que superaban los 10.000 millones de pesos. Este hombre será condenado a cinco años y tres meses de prisión por los mismos delitos mencionados. Además, deberá contribuir con 20 millones de pesos para equipar el gimnasio de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde se encuentra recluido.
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Así fue capturado el principal responsable de este hecho de corrupción, Mario Castaño
Para el mes de junio de 2022, la Corte Suprema de Justicia anunció que el exsenador liberal Mario Alberto Castaño había sido condenado a 15 años y 11 meses de prisión, después de liderar una organización delictiva entre los años 2020 y 2022, mientras se desempeñaba como senador de la República.
El fallo también estableció multas por más de mil millones de pesos, así como una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la pena y negó la posibilidad de prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado (malversación), concusión y estafa, “varios de ellos contra la administración pública”.
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Castaño había sido reelegido para el periodo legislativo que comenzaba en julio, pero no le fue posible asumir el nuevo mandato debido a su detención. Meses después, en septiembre de 2022, el exsenador reconoció ante la Corte Suprema haber liderado los delitos mencionados y aceptó todos los cargos que se le imputaban. Ahora se encuentra en la cárcel La Picota.
Según estableció El Tiempo, los bienes incautados al Castaño eran más de 38, ubicados en Medellín, Pereira, Manizales, Quibdó y Cartagena, y superaban un valor de 13 mil millones de pesos.
La condena a otro de los implicados en el entramado ilegal del exsenador
La Fiscalía General de la Nación también imputó cargos al exjefe de la División de Recursos Humanos del Senado, Rubén Darío Iregui González. El hombre está acusado de avalar pagos a contratistas que formaban parte de una red de corrupción liderada por el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
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Según las investigaciones, Iregui González habría permitido el desembolso de pagos a estos contratistas por un monto total de 20 millones de pesos en cada contrato de prestación de servicios. Esta acción habría beneficiado directamente a la red de corrupción orquestada por Castaño Pérez.
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