El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dio a conocer el balance que dejó como resultado la realización de la Operación Dominó, una estrategia anticorrupción que fue implementada por el director de esa institución, coronel Daniel Gutiérrez.
Entre los objetivos principales de esta medida se pretende impactar a los 30 mayores dinamizadores de la extorsión desde las cárceles de Colombia, así como sancionar y destituir a aquellos funcionarios que hayan sido parte de las redes de corrupción.
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Tras una serie de 161 diligencias que incluyeron requisas a varias personas privadas de su libertad y celdas de siete cárceles, se decomisaron un total de 1.240 celulares en diferentes patios y 6.360 accesorios para celulares.
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De igual forma, en lo que va de 2023 se registraron 1.157 investigaciones disciplinarias contra los reclusos, y 3.889 funcionarios en las diferentes cárceles del país; además, se aplicaron 159 sanciones y 50 destituciones a personal que trabaja dentro de las cárceles y que, al parecer, permitía el acceso de dispositivos prohibidos.
Desde el 18 de agosto de 2023 se implementó la estrategia y a 74 días de ello se han realizado en promedio dos operativos diarios para incautar celulares que fueron utilizados para las extorsiones desde el interior de los centros carcelarios. Con base en el informe revelado por el Inpec, las sim cards, celulares y cargadores entraban por varias rutas, por medio de las visitas o eran facilitados por miembros del Instituto que “no están alineados con las políticas institucionales”.
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Por otra parte, y a través de una labor conjunta con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados 27 funcionarios y se abrieron 42 procesos penales:
Con respecto a los dinamizadores como alias Negro Ober y alias Digno Palomino, las autoridades informaron que fueron internados en “celdas frías”, las cuales tienen una alta condición de seguridad, que les permiten a los guardias tener un mayor control para dos requisas diarias, y una semanal por parte de uniformados adscritos al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula.
Además de ello, se han trasladado a otras cárceles 600 internos por motivos de seguridad y como estrategia para acabar con la extorsión, que tiene en sus 30 dinamizadores presuntas redes de corrupción que igualmente han sido atacadas con traslados constantes de estas personas por siete cárceles de alta seguridad ubicadas en diferentes zonas de Colombia.
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Las alertas sobre esta problemática estaban encendidas hace un buen tiempo, de hecho, desde la Procuraduría habían advertido que hubo 3.130 víctimas de extorsión desde cárceles en los últimos meses, de tal modo que era necesario que las autoridades reforzaran los controles en los penales.
Por su parte, el Ministerio Público aseguró que los delincuentes habrían encontrado diferente formas innovadoras en sus estrategias delictivas, pues estarían utilizan tarjetas E-sim y plataformas financieras digitales para el traslado de dinero obtenido como resultado de las extorsiones o estafas.
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