Sigue el desabastecimiento de medicamentos en Colombia: tribunal ordenó al Gobierno un plan urgente para atender la crisis

Por orden judicial, el Ministerio de Salud y el Invima deberán adoptar un plan de acciones urgente para atender la crisis de desabastecimiento de medicamentos en el país. Las autoridades nacionales deberán garantizar el acceso a las medicinas y a los insumos para su producción.

La decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a raíz de una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control señaló que se trataba de una “alarmante situación insoluta” el desabastecimiento de medicamentos, según los informes del Invima.

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El Ministerio Público señaló que la situación generaba riesgo para la garantía de los derechos colectivos de los ciudadanos, por lo que solicitaba como medida cautelar decretar la adopción de un plan urgente que ordene a las autoridades competentes gestiones para superar la crisis.

El despacho del magistrado Luis Manuel Lasso admitió el recurso judicial y concedió la medida cautelar. En la decisión preliminar se ordenó al Ministerio de Salud y a al Invima elaborar el plan de contingencia que deberá “asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población”, se lee en el auto.

Así mismo, le exige al Invima que priorice el trámite de 27.904 solicitudes de registro de los medicamentos que se encuentran en riesgo de desabastecimiento, con el fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales. Además, ordena “definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos”.

Las dos entidades tienen 10 días para adoptar el plan que atienda los requerimientos de la medida cautelar urgente e informar a todas las autoridades sobre el mismo. Tanto para la Procuraduría como para el Tribunal, existen riesgos fatales si no se toman decisiones prontas para atender la crisis de desabastecimiento.

De acuerdo con las consideraciones del auto del magistrado Lasso, la escasez de medicamentos puede acarrear la muerte de pacientes o el deterioro de su situación de salud que, a su vez, puede llevar a que sufran consecuencias permanentes que afecten su calidad de vida.

Así mismo, el magistrado argumentó la orden de adoptar un plan urgente al señalar que el impacto por la crisis es de interés público, por parte de todas las personas afiliadas al sistema de salud y compromete la garantía del derecho colectivo al acceso a seguridad social.

El reporte presentado por el Invima para el mes de octubre señaló que 245 medicamentos tenían algún tipo de desabastecimiento en el país, de los 377 registrados, y 33 se encontraban desabastecidos. Estos se encontraban con unidades limitadas para garantizar su disponibilidad en un término de tres meses.

También se incluyó la escasez de 1.242 principios activos para el tratamiento del VIH, tabletas para el control de síntomas de pacientes con cáncer, así como otros para el tratamiento de infecciones o drogas para aliviar dolores extremos. En el listado incluso se alertaba sobre la disponibilidad de medicinas básicas como el acetaminofén.

Además de la acción popular, la Procuraduría también abrió indagación previa en contra de la exministra de Salud Carolina Corcho y el actual jefe de la cartera, Guillermo Jaramillo, para determinar si adelantaron las gestiones correspondientes para evitar la situación o, por el contrario, omitieron sus funciones incurriendo en una falta disciplinaria.

La decisión se conoce en el momento en que el acceso a medicamentos fuera del Plan Básico de Salud (PBS) para los usuarios de la EPS Sanitas se encuentra en riesgo. La farmacia Cruz Verde anunció que dejará de entregar este tipo de medicinas por una deuda de servicios que no ha sido resuelta.