Recientemente, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el informe ‘Contexto electoral- Elecciones locales 2023′ a través del cual muestra las cifras de lo que le cuestan al país la contratación de las elecciones, trabajo que en Colombia es tercerizado.
Con ese panorama, la entidad asegura que, entre diciembre del 2022 hasta agosto del 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó un total de 15 contratos por un valor de 367′026.417 dólares, lo que en pesos colombianos tiene un valor aproximado de $1,49 billones –tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día de la publicación del documento, la cual se ubicó en $4.630–.
En el documento, la MOE destaca la existencia de tres contratos a través de los cuales se adquieren 16 bienes y servicios electorales, cuyo valor total asciende a los 316 millones de dólares; es decir, 1,28 billones de pesos. Asimismo, revela el precio de una auditoría externa, la cual costó 4′848.204 dólares que equivalen $19.698 millones.
El informe también da cuenta de cómo la Registraduría, entre el 2011 y el 2023, ha contratado el desarrollo de elecciones por un valor de 2.070′281.958 dólares, que son unos alrededores de 8,41 billones de pesos.
Para la entidad observadora “las decisiones que adopten las autoridades electorales en los procesos de contratación deben ser oportunas, transparentes, participativas y abiertas al escrutinio público”, dejando claro que el gasto público es un tema que le compete a toda la nación.
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La MOE considera, que la Registraduría no fue del todo transparente en el proceso de contratación ya que la entidad no divulgó la contratación de las elecciones ni las auditorías que se le van a realizar a las mismas. Desde la perspectiva de la MOE, la Registraduría no quiso hacer entrega de la información a pesar de que se le había solicitado desde agosto del 2022.
La Procuraduría también había solicitado información
Por otro lado, no solo la MOE había solicitado la información sobre la contratación, la Procuraduría también le pidió a la Registraduría que revelara el cronograma de contratación y en tres oportunidades, 23 de mayo, 21 de junio y 31 de julio 2023. No obstante, la entidad nunca atendió la solicitud.
Al parecer hay varias irregularidades en los contratos pues los grupos significativos de ciudadanos e inscripción de cédulas inició el 29 de octubre de 2022, pero el contrato fue adjudicado el 23 de diciembre de 2022, dos meses después. Por otro lado, la inscripción de candidatos comenzó el 29 de junio y ese contrato fue adjudicado un mes antes, el 30 de mayo de 2023.
Otro de los hallazgos de la MOE es que el software de escrutinios de las elecciones de este año no es propiedad del Estado. “Se mantienen restricciones de acceso a la información por propiedad intelectual. El software adquirido en el 2022 (Escrutinio Nacional), únicamente será utilizado en eventos como apelaciones de elecciones de gobernaciones y asambleas. Se desconoce si hay adecuaciones, actualizaciones y auditoría propia” revela el documento.
El cuarto hallazgo se relaciona con la limitación de las competencias de contracción de la Registraduría entre los que se destacan la modalidad de selección que muestra tiempos demasiado cortos que favorecen a los mismos contratistas de siempre. Otro es que entre la apertura de la convocatoria y el cierre de la misma no transcurren más de 15 días y el último está relacionado con un único proponente en todos los procesos de contratación.
La última novedad está relacionada con las restricciones impuestas a las auditorías. Según la MOE hay una auditoría única contratada por la Registraduría, la cual inició el 24 de agosto (Jahv McGregor S.A.S.). Por otro lado, hubo regresión en los tiempos para la contratación de la auditoría, pues pasaron de cuatro meses en 2022, a dos meses en 2023. Finalmente, no existen mecanismos para la difusión de los resultados de la auditoría, a lo que se suma la falta de información sobre las fallas en los softwares de inscripción de candidaturas y jurados de votación.
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