Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, será condenado por corrupción: Corte Suprema de Justicia tiene listo el fallo

El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía será condenado por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación agravado, según se conoció, el 26 de octubre, el sentido del fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Los hechos por los que será condenado Abadía son por irregularidades en un convenio de cooperación por $1.072 millones, firmado en enero de 2010 para la compra y distribución de textos escolares en bibliotecas públicas de 10 municipios del Valle del Cauca.

De acuerdo con información de El Tiempo, el fallo debió leerse la semana anterior, pero el día de la audiencia Abadía presentó una excusa médica aplazando la diligencia. Aún no hay fecha para esta. Al fallo de la Corte, del que no se sabe de cuánto será la condena que deberá pagar el exgobernador, le cabe el recurso de apelación.

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Por este mismo convenio fueron condenados, en 2016, el exsecretario de Educación Elber Gustavo Navarro, y a José Antonio Rodríguez, Luz Piedad Hurtado y Luz Delly Martínez, de la Fundación Calimío, que suscribió el convenio. En 2017, un fiscal delegado ante la Corte imputó a Abadía los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros, este último por $817.482.400.

Según el expediente, que cita El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación señaló que Abadía “además se apropió en favor de terceros de 817 millones de pesos, ya que la sociedad contratista subcontrató con Ediciones Alfa y Omega la adquisición de los libros, por la suma de mil millones de pesos, quien los compró a la editorial La Clave del Saber por 658 millones de pesos, la que a su vez los obtuvo de otras empresas por 182 millones de pesos”.

Esto, para la Fiscalía, fue una vulneración al principio objetivo en la escogencia de la Fundación Calimío para suscribir este contrato, pues esta no tenía “como actividad social el objeto del convenio”, ni experiencia en este tipo de contratos. También señaló que Abadía había intentó darle apariencia de interés público a este convenio, “cuando estaba frente a un contrato de suministro reglado por la Ley 80 de 1993, que por su cuantía debió adjudicar mediante licitación pública”.

Hay que señalar que el objeto del contrato era “facilitar la educación de los jóvenes e incentivar la lectura” en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Bolívar, San Pedro, Yotoco, Vijes, La Victoria y Toro.

En su momento, el fiscal advirtió que “el gobernador Abadía Campo conoció la existencia de esta conducta fraudulenta y, sin embargo, de manera presurosa con otros funcionarios desarrolló tal proceso ilícito. Existen elementos materiales probatorios que vinculan al gobernador Abadía Campo como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación”.

Según información de El Tiempo, la Contraloría de Valle del Cauca, en auditoria, ya había advertido un posible detrimento en este contrato y certificó que los libros llegaron a las bibliotecas y colegios a los que se suponían llegar, pero que algunos de estos no los habían solicitado y que en “su mayoría están archivados sin darle un uso adecuado”, señalando, además, que en este tipo de instituciones “agropecuarias los libros no son consultados por el enfoque de enseñanza técnica”.