Siguen los líos con los pasaportes en Colombia: Thomas Greg pide que le adjudiquen el contrato o le paguen más de $100 mil millones de indemnización

La empresa solicitó ante la Procuraduría General de la Nación una audiencia de conciliación extrajudicial con la que pretende que se le devuelva el contrato de expedición de pasaportes o que le paguen una multa por daños y perjuicios

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Pasaporte colombiano-Colombia
Imagen de archivo. Thomas Greg & Sons es la firma que expide actualmente los pasaportes en Colombia - crédito Colprensa

Cuando todo parecía haber quedado solucionado con la expedición y distribución de pasaportes en Colombia, en las últimas horas se conoció una solicitud enviada por la firma Thomas Greg & Sons a la Procuraduría General de la Nación para que se cite al fondo rotativo de la Cancillería de Colombia a una audiencia de conciliación extrajudicial.

Según se lee en el documento, la Unión Temporal Pasaportes 2023 (un grupo de empresas de Thomas Greg que se presentó a la licitación de este año para quedarse con un millonario contrato) pretende conciliar con la cartera para que se revoquen los decretos que declararon desierta la licitación, además de pedir que se le adjudique dicha contratación, según determinó Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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De lo contrario, le exigen a la cartera un pago por más de 107.000 millones de pechos, como consecuencia de los perjuicios económicos que le causó a la firma la cancelación del proceso licitatorio. Además, Thomas Greg & Sons pide que se le reconozcan 10.000 millones adicionales por “el daño reputacional sufrido por los integrantes de la UT Pasaportes 2023 como consecuencia de los infundados cuestionamientos de que fueron víctimas por cuenta de las actuaciones desplegadas por las convocadas”.

Dentro de los argumentos expuestos por la firma de pasaportes, la Cancillería colombiana, en cabeza de Álvaro Leyva, no tenía poder para truncar el proceso licitatorio y la expedición de los decretos 7485 y 7540 de 2023, con los que se declaró desierta la contratación, incurrieron en una ilegalidad al no ser publicados, lo que supone un incumplimiento de los presupuestos de eficacia y, por tanto, dichos documentos no tendrían ningún efecto jurídico.

“El 13 de septiembre de 2023, a pesar de que la UT Pasaportes 2023 se encontraba plenamente habilitada como proponente en la licitación y había obtenido el puntaje necesario para ser adjudicataria, en contra de la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, el ministro profirió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierto el proceso de licitación, notificando la misma en estrados”, se lee en el documento.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, señaló que prolongó contrato de expedición de pasaportes, pero abrirá nueva licitación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, señaló que prolongó contrato de expedición de pasaportes, pero abrirá nueva licitación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sin embargo, Thomas Greg & Sons planteó tres posibles soluciones para superar el episodio que causó revuelo en el país hace unas semanas. Como principal propuesta, la firma le propone a la cancillería que sean abolidos los decretos y se continúe con el proceso de adjudicación de la licitación, que supone un contrato por 599.000 millones de pesos.

De lo contrario, pide que la cartera le pague más de 117.000 millones de pesos para reponer los daños que implica para la firma perder esa licitación, además de resarcir la mala imagen que pudo generarse alrededor de la Unión Temporal Pasaportes 2023. Como último escenario, Thomas Greg & Sons y sus apoderados demandarán a la Cancillería de Colombia y el caso se resolverá en los estrados judiciales.

“De no prosperar la conciliación, el medio de control a incoar es el de nulidad y restablecimiento del derecho que prevé el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca)”, concluye la solicitud de 30 páginas.

Según se ha conocido, la Procuraduría General de la Nación deberá notificar a la Cancillería de Colombia y citar a una audiencia de conciliación en los próximos días, que podría volver a despertar tensión en el país por los efectos que puedan producirse con la reunión.

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ha pronunciado sobre las pretenciones de la firma y, según han comentado, se espera que emitan un comunicado solo después de que sean notificados oficialmente por el órgano de control.

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