
En las últimas horas, se anunció la llegada de un contingente de dos mil militares desplegados por tierra, mar y aire a varios municipios de los departamentos de Antioquia y Chocó, ubicados en la frontera con el Tapón del Darién. Esta misión tiene como objetivo combatir una serie de delitos que han aumentado en la región por la creciente crisis migratoria.
Los municipios como Necoclí, Apartadó, Turbo y Arboletes, de Antioquia, junto con los de Chocó, como Acandí y Unguía, se han convertido en puntos críticos para los migrantes que intentan cruzar el Tapón del Darién en su camino hacia Centroamérica y, en la mayoría de los casos, su destino final: Estados Unidos.
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Sin embargo, en estos lugares los migrantes se han enfrentado a la extorsión, el reclutamiento de menores y otros delitos cometidos por grupos armados que aprovechan la situación.

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Por estos delitos, el Ejército Nacional desarrolla esta estrategia. Su presencia en la zona tiene como objetivo garantizar la seguridad de los miles de migrantes que atraviesan la región y alentar a las víctimas a denunciar cualquier delito que puedan presenciar o experimentar.
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El coronel Héctor Alexánder Juzga León, comandante de la Brigada 17, declaró que “para combatir los flagelos de la migración irregular, el tráfico ilegal de migrantes, la extorsión y el secuestro, tenemos la misma emergencia numeral 107″.
Además, se ha habilitado la línea de emergencia 147 para que los migrantes puedan denunciar cualquier tipo de delito del que sean víctimas, mientras esperan continuar su viaje hacia Centroamérica y cumplir con su objetivo de cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos en busca del “sueño americano”.
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La alerta por la crisis de seguridad en el Darién
De acuerdo con datos de ONU (Organización de las Naciones Unidas), durante los primeros ocho meses de 2023, se registró un inusual flujo de más de 330.000 personas que han cruzado el Tapón del Darién, la densa selva tropical que separa Colombia y Panamá. Esta cifra supera considerablemente la cantidad de migrantes y refugiados que transitaron por la región en todo el año 2022, que fue de 248.000 personas.

Esta problemática generó que a principios de esta semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, acudieran ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes debido a la crisis en el Darién.
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Ambas carteras tendrían que presentar cuáles eran las acciones que habían emprendido para hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién colombiano, que continúa preocupando a la comunidad internacional y afectando los derechos de quienes habitan y transitan por esta región.
Entre las cuestiones que debían abordar el pasado 17 de octubre se encontraba la propuesta para establecer un puesto de mando unificado en la zona y ofrecer detalles sobre el accionar del grupo armado paramilitar del Clan del Golfo en la región.
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Los ministros también debían detallar información sobre las capturas realizadas en la selva del Darién y las operaciones de rescate relacionadas con el delito de trata de personas. Mientras que un punto clave sería que informaran ante los congresistas cómo iba el progreso en la instalación de centros regionales de procesamiento de migrantes, una iniciativa anunciada previamente por el Gobierno Nacional.
La Ocha (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) ha manifestado su preocupación por los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan estas personas en su viaje hacia América del Norte. La portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, destacó los múltiples abusos y violaciones de derechos humanos que experimentan, incluyendo la violencia sexual, que afecta particularmente a niños, mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidad.
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Durante esta travesía que deben emprender cientos de miles de personas que salen de sus países por diferentes razones, como la violencia o la falta de estabilidad económica, se han reportado asesinatos, desapariciones, tráfico, hurto e intimidación. La Ocha manifiesta que estos delitos son, usualmente, perpetrados por grupos del crimen organizado.
La selva del Darién abarca aproximadamente 575,000 hectáreas y su travesía representa riesgos inesperados, sobre todo para las mujeres embarazadas o población vulnerable. Para cruzarla, los migrantes caminan durante un promedio de cuatro a siete días y en la temporada de lluvias esta caminata puede extenderse hasta diez días, lo que agrega un nivel adicional de peligro.
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