El 17 de octubre, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó un informe en el que advertía que 533 candidatos a concejos y alcaldías podrían estar inhabilitados por haber suscrito contratos con los entes territoriales en donde aspiran ser elegidos. Esto provocó un revuelo en el país político, que acusó al Gobierno nacional de estar creando una suerte de policía política para perseguir a los candidatos.
El 18 de octubre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se sumó a las críticas y anunció que están estudiando si Idárraga podría verse envuelto en una investigación disciplinaria por participación indebida en política.
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La jefa del Ministerio Público también dijo: “Recordémosle a cada entidad sus competencias, cada cual tiene que asumir y tener claras cuáles son sus competencias. El secretario de Transparencia es un funcionario público que tiene que respetar con mucho cuidado todas las actuaciones y manifestaciones que hace hacia el público, que ejerce una función de secretario técnico de la Comisión de moralidad”.
Y le envío un mensaje a los servidores públicos y funcionarios del Estado para que “por favor se cuiden mucho de qué dicen cuando están hablando en público para evitar que tengan de pronto una injerencia en participación política y nos toque hacer las aperturas correspondientes”.
Secretario de Transparencia se defendió
En X (antes Twitter), el secretario Idárraga advirtió que la denuncia que hizo tiene como base los datos del Secop II y que este informe fue presentado al Consejo Nacional Electoral y a los órganos de control antes de ser puesto en conocimiento de los medios de comunicación y la ciudadanía:
También explicó que el informe presenta el universo de candidatos que presuntamente estarían incursos en una de las causales de inhabilidad, provenientes de todas las colectividades, de todos los partidos, advirtiendo que “la causal es objetiva” y que lo realmente importante es que “la autoridad competente constate el contenido del informe y tome decisiones que garanticen igualdad entre los candidatos y transparencia en el uso de los recursos públicos y de los procesos electorales”.
Ministro del Interior se desmarca de informe de oficina de Transparencia de Presidencia de la República: “No es pertinente ni prudente”
En la plenaria del Senado, durante el preámbulo a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la senadora Angélica Lozano hizo reparos a este informe acusando al Gobierno nacional de estar creando una policía política para perseguir a los partidos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, contestó a estos señalamientos desmarcándose del informe de la oficina de Transparencia de la Presidencia y advirtiendo que el Gobierno nacional es respetuoso de la Constitución de 1991 y la ley, señalando que el único órgano, o entidad, que puede definir quién está, o no está habilitado para aspirar a un cargo de elección popular es el Consejo Nacional Electoral.
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