El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade se pronunció, el 19 de octubre, luego de que la Procuraduría, el 14 de octubre, lo inhabilitara por 15 años para ocupar cargos públicos por presuntas irregularidades en la adjudicación de estudios y diseños del puente Plato en el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, sector 3.
Andrade, además de calificar la decisión de la Procuraduría como arbitraria, denunció que esta se hizo cuando ya había prescrito la acción disciplinaria en su contra y anunció que apelará.
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En un comunicado que publicó en X (antes Twitter), Andrade advirtió que la Procuraduría General de la Nación, con el anuncio de inhabilitarlo por 15 años para ocupar cargos públicos, mancilló su buen nombre y afectó, no solo su reputación, sino la de la ANI y de sus funcionarios, e insistió en que la decisión de la procuradora delegada Olga Liliana Suárez Colmenares fue arbitraria, además de que tuvo en cuenta testimonios de testigos cuestionados, mientras que desestimó los de funcionarios de la ANI y de la interventoría. Además, señaló que Suárez Colmenares ya había fallado en su contra anteriormente:
Sobre la actuación de la procuradora Suárez Colmenares, Andrade señaló que esta violó el principio de imparcialidad del juez disciplinario: “La procuradora delegada formó parte del equipo que investigó mi caso y redactó el pliego de cargos. Además, ya se había pronunciado en el juicio anterior sobre la credibilidad de los testigos que soportan —a partir de falsedades— mi condena. Estos hechos son una clara violación a las normas que exigen imparcialidad del juez disciplinario”.
La adición al contrato
El expresidente de la ANI advirtió que la procuradora argumentó, luego de comprobarse que él no firmó el otrosí de la adición de los estudios y diseños del Puente de Plato, que Andrade dio “una orden para llevarla a cabo” y que esto lo hizo desconociendo que “TODOS los funcionarios que participaron en la adición y rindieron testimonio en el proceso disciplinario negaron que yo haya emitido alguna orden en ese sentido”.
También anotó que la decisión de hacer la adición, según la documentación que allegó a las autoridades, “estaba debidamente justificada con razones técnicas avaladas por la interventoría y las respectivas instancias de la ANI”.
Una decisión arbitraria
Para Andrade, la decisión de la procuradora Suárez Colmenares no solo fue arbitraria, sino que, además de dañar el buen nombre de la ANI, sus funcionarios y el suyo, pone en entredicho la estabilidad jurídica de los contratos de concesión y la capacidad de gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura.
El expresidente de la ANI también reparó en que la Procuraduría falló en su contra e hizo pública esta decisión “después de haber prescrito la acción disciplinaria” por lo que preguntó si esto es parte de una estrategia para “ejercer presión indebida” en la imputación de cargos que la Fiscalía hizo en su contra, de varios exfuncionarios y funcionarios de la ANI y el interventor del contrato:
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