La familia de un trabajador de oficios varios, víctima de una ejecución extrajudicial, recibió por parte del Tribunal Administrativo del Cesar un fallo histórico sobre los responsables de su muerte.
Tras 19 años de lucha, la justicia determinó que la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional son responsables de su muerte, y exigió no solo una indemnización sustancial para su familia, sino también la realización de una ceremonia pública como acto de satisfacción.
El trágico episodio que marcó la vida de esta familia colombiana ocurrió el 30 de junio de 2004, en la vereda Cuesta de la Plata, zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. La víctima, que vivía en el municipio de Fundación, Magdalena, con su familia, fue engañada bajo la falsa promesa de trabajo en una finca cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se le dijo que recolectaría café.
En un acto que hoy se reconoce como una ejecución extrajudicial, esta persona fue asesinada y posteriormente presentada como un guerrillero fallecido en combate con el Ejército.
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Después de la desaparición del hombre, su familia inició una búsqueda en distintas instancias, desde medicina legal hasta las estaciones de policía, y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, pasaron tres largos años antes de que encontraran una noticia en un periódico del departamento del Cesar que mencionaba la identificación de 28 cadáveres NN en el cementerio Nuevo de Valledupar, entre los cuales figuraba el nombre de la víctima en cuestión.
Tras esta revelación, se enfrentaron a un dilema, según la familia del hombre asesinado: si querían recuperar su ser querido, debían cavar su propia fosa en un cementerio que albergaba más de mil cadáveres.
Finalmente, después de años de incansables esfuerzos, la verdad comenzó a surgir. Un miembro del Ejército en la época de los hechos confesó que nunca hubo combate, una revelación crucial que develó la trágica verdad detrás de la muerte de Castro.
La familia, junto con el apoyo de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y después de 19 años, presenciaron cómo el Tribunal Administrativo del Cesar responsabilizaban a la Nación por la muerte de su ser querido.
Este fallo, compuesto por 36 páginas, condena a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por los perjuicios morales y materiales causados por la ejecución extrajudicial de la víctima.
Este fallo va más allá de la indemnización económica. También establece que la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército deben adoptar medidas no pecuniarias de satisfacción para la familia.
Como parte de estas medidas, se exige la realización de una ceremonia pública en la que se rinda homenaje a la vida del hombre víctima de falsos positivos, se ofrezcan disculpas públicas a la familia y se repudie clara y categóricamente la violación de los derechos humanos. El fallo establece un plazo de tres meses para llevar a cabo esta ceremonia.
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