Los taxistas del país se pronunciaron sobre la Sentencia SC370-2023 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y que, aparentemente, le dio luz verde a Uber para seguir con operaciones en Colombia al rechazar que sea un caso de competencia desleal.
De acuerdo con el gremio de taxistas, la sentencia resuelve una demanda en ese sentido interpuesta por la empresa Comunicación Tech y Transporte S.A (Cotech), que está enfocada en la prestación de un servicio de tecnología y comunicaciones, en contra de Uber y filiales en Colombia, por lo que, para estos, en ese sentido, se trató de un “asunto entre particulares” y no entre el servicio público de taxis y Uber, como se quiere mostrar.
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Estos, por medio de la Unión Nacional de Taxismo Colombiano (Unaltaxcol), dijeron que como colombianos lamentan que el fallo se soporte en asuntos de forma y especule, desconozca y genere confusión en temas de fondo.
Asimismo, lamentaron que la Corte pretenda legislar en su sentencia sobre la figura de “economía colaborativa”, inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano, e inventada por empresas tecnológicas con poder dominante global, para enmascarar su especulación, apropiación de datos y uso de inteligencia artificial en beneficio propio exclusivamente.
En tal sentido, señalaron que es inaceptable que la sentencia recurra a “expertos” que avalan el concepto de “economía colaborativa”, como les sirve a las tecnológicas especulativas, y no a quienes señalan que tales empresas no son colaborativas, sino comerciales y especulativas de carácter privado.
Figura inexistente
En consecuencia, apuntan que la Sala de Casación en su sentencia en el tema tecnológico fue muy superficial, ya que además de que hace referencia a una figura inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano, minimiza el tema al comparar la “disrupción” actual con la “disrupción” del paso de la telefonía fija a la móvil.
En resumen, puntualizaron que la Sala de Casación confunde el uso de un nuevo medio de comunicación con el uso, explotación, apropiación y protección de tecnología, datos e inteligencia artificial, cuando se trata de la prestación de servicios públicos, procurar el bienestar general y el respeto de los derechos humanos, temas en que avanza la Unión Europea (UE) y resaltó recientemente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pero que Colombia retrocede con la sentencia en mención.
Corrupción y abuso
Así las cosas, agregaron los taxistas, que “olímpicamente” la Sala de Casación invita a los jueces a tratar la corrupción y abuso a través de inteligencia artificial de Uber e imitadores, como “colaboración” en lugar de lo que en el mundo se ha demostrado que son especuladores, corruptos e ilegales.
Esto, en lugar de que la justicia colombiana reconozca y sancione de manera ejemplar la usurpación de funciones públicas y competencia desleal a través de inteligencia artificial que hacen Uber e imitadores, y llamar al Congreso de la República para que proceda a legislar sobre datos e inteligencia artificial aplicada a la prestación de servicios públicos.
Advirtieron que Uber no solo arruina al taxi, sino a todos los sistemas multimodales de transporte público de pasajeros en el país, con el consecuente incremento de la congestión, contaminación, informalidad, inseguridad y caos, que demuestran la inoperancia, por acción u omisión, de las autoridades en Colombia”, resaltaron.
Lucha contra la ilegalidad
Por lo anterior, mientras esperan que las autoridades dejen de especular y funcionen con autonomía y apego a la Constitución Política y leyes existentes, frente a los retos del Siglo XXI, manifestaron que seguirán con la lucha contra la ilegalidad, impunidad, corrupción y competencia desleal de quienes siguen burlando, con o sin tecnología, el mercado regulado de servicios públicos en Colombia.
De igual forma, enfatizaron en que insistirán en la necesidad de una ley marco de datos e inteligencia artificial que cree la Agencia Colombiana de Datos e Inteligencia Artificial, entre otros, para que se garantice el manejo, explotación y protección de conocimiento, tecnología, datos e inteligencia artificial, en beneficio general y evite el abuso de aquellos que utilizan los avances científicos y tecnológicos contra la democracia, soberanía, seguridad, ordenamiento y desarrollo sostenible del país, como hoy ocurre y las actuales autoridades colombianas parecen empeñadas en que siga ocurriendo hacia el futuro.
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