Por decisión de un juez de Conocimiento de Mocoa, Putumayo, el exsoldado profesional Germán Ramiro Díaz Montenegro fue condenado a 48 años y cuatro meses de prisión por su participación en ejecuciones extrajudiciales, conocidas comúnmente como ‘falsos positivos’ en el departamento de Nariño, al sur de Colombia.
Los hechos se remontan al 8 de abril de 2006, cuando dos campesinos fueron retenidos en la plaza de mercado de San Juan de Pasto y llevados a un paraje de la vereda Cruz de Amarillo. Allí fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional, para presentarlos como bajas en combate.
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La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía logró demostrar que Díaz Montenegro, en compañía de otros militares, disparó y causó la muerte a los dos campesinos, a quienes presentaron como alias El Flaco y alias El Loco.
“En los informes oficiales se consignaron hechos que no ocurrieron, como un supuesto combate, y la incautación de una subametralladora 12 milímetros y una escopeta tipo changón. Los análisis de los peritos en criminalística y balística del CTI evidenciaron que no existió cruce de disparos y que las víctimas fueron atacadas mientras permanecían en estado de indefensión”, detalló Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos.
Por todo eso, el exoficial fue hallado culpable de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. El juez no solo ordenó su captura inmediata, sino que impuso una multa equivalente a 2.726 salarios mínimos legales mensuales. De todas formas, la sentencia fue proferida en primera instancia, por lo que Díaz Montenegro podría interponer los recursos que le permite la ley.
Dentro de la investigación, que se llevó a cabo bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía también logró comprobar que los soldados colocaron armas a los cadáveres de los campesinos para intentar acreditar la versión de que se trataba de insurgentes que murieron en enfrentamientos armados.
Falsos positivos, una tragedia que no debería volver a repetirse
Los falsos positivos son el nombre bajo el cual se conocen a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército para presentar a civiles como bajas en combate.
En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinó que en el país hubo, al menos, unas 6.402 ejecuciones de este tipo, y que fueron presentadas como bajas en combate por el Estado colombiano entre 2002 y 2008, para “aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”.
Antes de esa cifra entregada por el tribunal de paz, la Fiscalía General de la Nación había entregado una cifra muchísimo más baja: 2.248 víctimas entre 1988 y 2014.
En su informe de diciembre de 2021, “la JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en ‘combate’”.
Tan pronto como la JEP publicó su informe, el excomandante del Ejército Nacional Eduardo Enrique Zapateiro publicó en su cuenta de Twitter (ahora X): “Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”.
Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos, que se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), dijo sobre los falsos positivos que “al comienzo no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara y por eso no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo... a principios de 2007 empecé a recibir informes de fuentes creíbles. Ahí empezamos a actuar en forma contra los falsos positivos”.
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