La Contraloría ha emitido cargos por responsabilidad fiscal contra 11 personas debido al escándalo que involucra el desfalco de 70 mil millones de pesos de Centros Poblados. Sin embargo, destacando la noticia, la exministra de las TIC Karen Abudinen no está incluida en los que deberán devolver estos fondos al Estado. Esto se debe a que no se pudo establecer un manejo directo de fondos públicos por parte de estos individuos, de acuerdo con la emisora colombiana W Radio.
La Contraloría argumenta que Karen Abudinen no tenía un papel de gestión fiscal, lo que significa que no desempeñó un papel directo en la gestión o tramitación de contratos y no era la encargada de autorizar los gastos.
Es relevante destacar que Karen Abudinen tampoco enfrenta procesos penales ni investigaciones disciplinarias relacionadas con este asunto. La exsecretaria general, Adriana Vanessa Meza Consuegra, es una de las personas más afectadas por la imputación de responsabilidad fiscal realizada por la Contraloría, señaló la emisora colombiana.
El ente de control aclara que los cargos no se refieren a los 70 mil millones completos, sino a 67.970 millones, ya que algunos de los acusados que actualmente están involucrados en negociaciones con la Fiscalía han restituido 3 mil millones de pesos al erario público.
Los 11 acusados por el desvío de estos fondos incluyen a los miembros de la unión temporal a cargo del proyecto, los miembros del consorcio que supervisó el proyecto y funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Emilio Tapia no tiene responsabilidad fiscal en escándalo Centros Poblados
El 12 de octubre se conoció una decisión de la Contraloría General de la República en la que imputó responsabilidad fiscal por $69.970 millones en la actuación de tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC y personas relacionadas con las empresas de la unión temporal Centros Poblados, en el escándalo por la pérdida de estos recursos destinados para la conexión a internet de centros educativos en algunos territorios del país.
En esta decisión también exoneró de responsabilidad fiscal a Emilio Tapia, el cerebro del entramado de corrupción conocido como el carrusel de la contratación.
En la decisión de la Contraloría, conocida por Sigue la W de WRadio, se advierte que hubo irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna que redundó en el incumplimiento de la meta seis del contrato, que buscaba instalar 7.277 puntos de internet en 16 departamentos. Este contrato le fue adjudicado a la unión temporal Centros Poblados, detrás de la que estaba Tapia.
También se advierte que no se cumplió con la entrega de los equipos necesarios para la instalación de los puntos de internet.
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