
La ponente de la reforma a la salud Martha Alfonso despertó polémica al asegurar que la la reforma a la salud no requería un concepto del Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad financiera. Aunque se retractó, desde la cartera económica aseguran que no se ha emitido el análisis y los opositores piden nuevos balances.
La representante del Pacto Histórico que tiene la función de explicar la iniciativa señaló durante el debate en la Cámara: “La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera”. Una frase que despertó polémica, tanto en el recinto, como en las redes sociales.
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Según Alfonso “lo que está haciendo la reforma (a la salud) es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención con la misma plata que tiene asignado año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado, cerca del 23% del presupuesto general se destina a la salud en Colombia y esa es la plata que financia esta reforma y que va a tener un uso distinto”.
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La exposición de la ponente le dio un argumento a los críticos del proyecto, quienes sostuvieron que no se podía avanzar en la aprobación de una iniciativa si no se tenía claro cuánto va a costar, si hay los suficientes recursos y de dónde se van a obtener.
Tras las réplicas, Alfonso explicó su primera afirmación. Sin embargo, no hizo referencia al concepto financiero del Ministerio de Hacienda, que establece el impacto económico y la regla fiscal, sino a estudios financieros en los que se calculan los costos asociados a lo que plantea la reforma a la salud.
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“La reforma tiene un estudio financiero que fue radicado en el anexo 3 del primer proyecto de ley que se radicó en febrero. Por eso hice la afirmación que hice, no porque crea que esta reforma no tiene un estudio financiero porque lo tiene. Sí sabemos cuánto cuesta, sí sabemos de dónde provienen sus recursos y está debidamente sustentado en un documento hecho por Luis Jorge Garay, en donde sostiene cómo se analiza las finanzas de esta reforma”, sostuvo la ponente.

En el informe que cita Alfonso se calcula que el costo de formalización laboral requeriría 3,9 billones adicionales, la formación profesional 245 mil millones, el nuevo sistema de información 73 mil millones, la reorganización de la Adres costaría de 1 a 3 billones y la atención en salud, hasta 8,7 billones, más los 11 billones necesarios para infraestructura.
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Alfonso sostiene que se trata de una reorganización de recursos en la que se deben tener en cuenta las fuentes de financiación provenientes del Presupuesto General, renta cedida, regalías, sistema general de participaciones. “Es falso que yo esté diciendo que esta reforma no requiere estudio financiero porque es que ya lo tiene. Yo en ningún momento lo plantee”, sostuvo.

Para la misma fecha, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto fiscal, firmado por José Antonio Ocampo, que estimaba el costo de la reforma a la salud en 2024 en 9 billones de pesos y en 12 billones para el 2033. Además, en el mismo se aclaraba que podía actualizarse según los cambios en el contenido del proyecto.
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Desde los críticos del proyecto se mantienen la preocupación respecto a las finanzas de la reforma. La representante Jennifer Pedraza señaló que si bien existe el estudio financiero, este no ha tenido en cuenta las modificaciones que se han hecho a la iniciativa en su largo y lento recorrido por el Congreso.
“Al día de hoy no contamos con los recursos suficientes y aquí lo que han sostenido de manera absolutamente irresponsable que la reforma es costo cero, es pura demagogia. Cómo le van a decir a los trabajadores que van a mejorar las condiciones laborales sin asumir que eso cuesta 9 billones de pesos. Cómo van a decir que no tiene ningún impacto fiscal cuando la construcción de los Centros de Atención Primaria se estima en 11,3 billones de pesos”, expuso la representante de Dignidad.
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Pedraza señaló que el costo estimado en el estudio financiero de Garay para el sistema de información es de 73 mil millones, pero el Ministerio de las TIC emitió un concepto en el que señala que la suma ascendería a medio billón y, además, no se lograría en dos años, sino en cinco.
“Este anexo ni siquiera se ha actualizado a la última redacción de la reforma a la salud. A Adres le pusieron un montón de otras responsabilidades y no hay actualización para el texto que va a votar esta plenaria”, sostuvo la representante Pedraza.
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En redes sociales, Alfonso sostuvo que la reforma a la salud tiene un estudio de impacto fiscal que no ha sido aclarado ni objetado por el Ministerio de Hacienda y que, además, al ser una iniciativa del Gobierno nacional “obviamente cuenta con el aval fiscal”.

Sin embargo, la viceministra técnica de Hacienda María Valdés respondió a una consulta ciudadana a través de la red social X, antes Twitter, en la que señaló que no se ha enviado concepto fiscal del Ministerio de Hacienda y que pueden hacerlo en cualquier momento del debate.
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