La Procuraduría General de la Nación confirmó que ha recibido más de 2.000 quejas contra servidores y funcionarios públicos a menos de 20 días para las elecciones regionales.
Durante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales, Margarita Cabello Blanco, jefe del Ministerio Público, anunció que la entidad ha recibido, con corte al primero de octubre de 2023, un total de 2.130 quejas por presuntos delitos electorales.
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La jefa del Ministerio Público destacó que 375 de estas quejas son contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios de elección popular, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la Organización Electoral.
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La alta funcionaria también resaltó que el órgano de control, adicional al monitoreo de inhabilidades de los candidatos, creó la Comisión Disciplinaria Especial con el fin de propender por la transparencia y moralidad pública y “para coordinar y adelanta la instrucción de las actuaciones disciplinarias relacionadas con el proceso electoral previsto el 29 de octubre”.
Cabe recordar que la Procuraduría, a través del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri) evidenció que, con corte al 11 de agosto de 2023, más de 660 candidatos que buscan competir en las elecciones territoriales del 29 de octubre se encuentran inhabilitados para ocupar cargos en diferentes corporaciones públicas.
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“Se advierten anotaciones disciplinarias en 14 aspirantes a alcaldías, 19 a diputados, 544 para concejo, 3 en gobernaciones, 55 para juntas administradoras locales y 25 candidatos a ediles en Bogotá”, explicó el organismo de control en un boletín informativo.
La función disciplinaria de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación señaló que le corresponde al Ministerio Público remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de candidatos con anotaciones que generan inhabilidades para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron, “es esa corporación la que tiene la competencia exclusiva de decidir sobre la revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular”.
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Sin embargo, reiteró que estas decisiones se toman cuando existe plena prueba de que los candidatos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y las garantías a los investigados.
Finalmente, la Procuradora confirmó que “la potestad disciplinaria de la entidad está más fuerte que nunca, a raíz del nuevo Código General Disciplinario y del “espaldarazo” que ha dado la Corte Constitucional mediante la sentencia C-030 de 2023″.
Y es que, el alto tribunal declaró la exequibilidad de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, norma que le atribuye a la Procuraduría funciones jurisdiccionales para ejercer la vigilancia de la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas, en el entendido de que estas funciones disciplinarias que ejerce son de naturaleza administrativa.
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Sin embargo, aclaró en la sentencia que, “la imposición definitiva de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores de elección popular corresponderá al juez de lo contencioso administrativo, después de agotarse el procedimiento de naturaleza administrativa a cargo de la Procuraduría”.
La procuradora Margarita Cabello se comprometió a seguir enfrentando la lucha contra la corrupción y los delitos electorales, con el fin de que estos no interfieran en la trasparencia de los próximos comicios:
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