Los congresistas Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, Alejandro García, Juan Sebastián Gómez, Julia Miranda, Cristian Avendaño y Katherine Miranda, hicieron una propuesta, considerada como integral y conciliadora, sobre el proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro.
La hicieron debido a que creen que es necesario construir una ley que mejore de manera notable el sistema y no como la que se discutirá en los próximos días.
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La propuesta está basada en tres puntos: aseguramiento, gestión del riesgo en salud e intermediación financiera; cobertura, acceso y atención, y financiamiento, costos de la reforma y régimen de transición.
Sobre aseguramiento, gestión del riesgo en salud e intermediación financiera, entre otras cosas, dicen que el sistema de salud debe tener como objetivo principal salvaguardar a los usuarios, evitando fragmentaciones y barreras en el acceso al derecho fundamental a la salud.
Al respecto, señalan que la reforma actual propone que la responsabilidad sobre el usuario sea fragmentada en distintos actores (gestoras de salud y vida, entidades territoriales, centros de atención primaria en salud -caps-, Ministerio de Salud y Adres), por lo que proponen que esa responsabilidad esté en cabeza de las EPS, transformadas a gestoras de salud y vida, reconociendo la capacidad instalada, conocimiento y experiencia acumulada en la gestión del riesgo en salud y operativo.
Frente a cobertura, acceso y atención, puntualizan que coinciden con el Gobierno nacional en la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud y por eso apoyan la propuesta por reorganizar la atención a través de un modelo que priorice la prevención, atención primaria y la territorialización, particularmente, en las zonas rurales y dispersas del país.
Ante esto, proponen que los caps sean prestadores que fortalezcan la atención en el primer nivel, articulen programas de prevención y salud pública con las entidades territoriales y apoyen a las gestoras en la caracterización de la población.
Y sobre financiamiento, costos de la reforma y régimen de transición, creen que el proyecto tiene mayor espacio para aclarar las funciones de las gestoras en esa labor, asegurando que dichas auditorías sean suficientes y eficientes.
Por eso, solicitaron al Gobierno nacional, sobre todo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Salud y Protección Social, un análisis detallado de los tiempos y costos que le exigiría al nuevo sistema creado por la reforma el hecho de ponerse en marcha sin que la prestación de la salud de las colombianas y colombianos se ponga en riesgo en ninguna circunstancia.
“Consideramos que la transición no debería estar a un plazo específico, sino a la transformación del arreglo institucional en cada una de las funciones de los actores, y a la verificación viable del cumplimiento de las condiciones necesarias para cumplir la transición”, apuntaron.
Proyecciones financieras
Los congresistas también dejaron entrever algunas inquietudes sobre las proyecciones financieras del proyecto de reforma. Una de ellas es que las contenidas en el anexo 3 de la iniciativa plantean que para 2024 se requeriría un 10,9% de crecimiento real para el sector.
Sin embargo, en segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el sector salud, este crece apenas en un 7,85% real, inclusive cayendo en un 8,53% en el rubro de inversión, el cual en línea con la reforma es fundamental para la construcción de nueva infraestructura, por ejemplo, de los Caps.
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