La Dimayor no para de sufrir golpes por las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que no solo está indagando la existencia de un cartel para acordar salarios en la Liga Femenina, sino una posible lista negra de futbolistas vetados en la rama masculina.
Desde el 21 de noviembre de 2021 la SIC abrió un proceso contra la entidad y 16 equipos que habrían impedido “la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021″ y “limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos”.
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Aunque la División Mayor ofreció un esquema de garantías, la Superintendencia lo rechazó y continuó con la investigación para dar con los responsables, de los cuales hay 20 personas identificadas y dos de ellas son los fallecidos Gabriel Camargo y Edgar Páez.
“Abusos cometidos contra los futbolistas”
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se pronunció sobre la resolución 61043 de 2023 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual ordena que continúe “el proceso en el que, desde noviembre del 2021 abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la Dimayor, 16 clubes de fútbol profesional y 20 directivos, por los abusos cometidos contra los futbolistas, a través de la conformación de carteles con los que vulneran las normas de la libre competencia aplicadas al mercado laboral”.
Según la organización sindical, es una buena decisión de la SIC que no se archivara la investigación y se rechazara el esquema de garantías de los involucrados para que se indague sobre la “lista negra” que afecta no solo la carrera de los deportistas, sino que tampoco podían acudir a una instancia legal.
El esquema de garantías
En la resolución de la SIC, la entidad explica que la investigación se mantiene porque no había fundamento para el esquema de garantías presentado por los 16 equipos investigados y la Dimayor, con el cual esperaban que finalizara el proceso y dejara claro que no seguirían esas prácticas.
Sin embargo, la razón para rechazarlo se debió a que “no reunía las condiciones establecidas en la normativa aplicable para justificar la terminación de la actuación administrativa, en particular porque no resultaba suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la conducta anticompetitiva objeto de investigación”.
Sumado a eso, la SIC indicó que ese esquema de garantías “se limitaba al cumplimiento de la ley, que era insuficiente para cesar o modificar las conductas presuntamente anticompetitivas, que no eliminaba o reducía - sustancialmente o permanentemente - los incentivos relacionados con el desarrollo de las conductas investigadas y que no se ajustaba a la política de promoción y protección de la libre competencia económica”.
Las fallecidos
Otro punto en la resolución es respecto a la situación de Gabriel Camargo y Edgar Páez, directivos del Deportes Tolima y Tigres, que aparecen en la lista de personas investigadas por la Superintendencia, pero que fallecieron en noviembre de 2022 y septiembre de 2023.
Sobre el presidente de Tigres, asesinado en Bogotá, “se ordenará oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegue el certificado de defunción de Édgar Jesús Páez Cortés, con el fin de determinar la implicación que el fallecimiento del investigado tiene para la actuación administrativa que se adelanta en su contra”.
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