En 2011 fueron expedidos los decretos leyes 4633, 4634 y 4635, por medio de los cuales “se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales” a víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades indígenas, Rrom, gitanas, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia.
Desde que entraron en vigencia se ha estado haciendo un seguimiento y monitoreo de su implementación; en los onceavos informes referentes a ello organismos de control identificaron la necesidad de que se aumenten los esfuerzos fiscales en la ejecución de los mismos por parte del Gobierno nacional.
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La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y representantes de los distintos grupos étnicos que figuran en los decretos identificaron en los últimos informes que no solo se requiere de mayores esfuerzos fiscales, sino también de hacer ajustes en la normatividad y en la institucionalidad.
De acuerdo con los organismos de control y los comisionados étnicos, para 2022, la ejecución de los recursos asignados a la implementación de los tres decretos leyes no se completó. Pues, de 1,2 billones de pesos destinados a la atención y reparación de la población indígena, fueron ejecutados 832.305 millones de pesos, que equivale a un 69%; el 31% no fue utilizado.
Lo mismo pasó con los recursos asignados a la implementación de proyectos para el pueblo Rrom: de 2.017 millones de pesos, 1.163 fueron empleados, lo que quiere decir que se ejecutó un 57.63% de la totalidad del dinero y se dejó inmóvil el 42,73% restante. La inversión para las comunidades negras fue la que mayor ejecución presentó: se destinaron 707.391 millones de pesos, de los cuales fueron empleados 595.491 millones de pesos, es decir, el 84%, dejando un 16% sin ejecutar.
Los informes evidenciaron un aspecto positivo: con respecto a 2021, en 2022 hubo un aumento en la destinación de recursos por parte de 49 entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para Víctimas Snariv. Para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se incrementó en un 54%; para las indígenas, en un 57%; y para los pueblos Rrom y gitanos, en un 6%. Sin embargo, buena parte de estos recursos no fueron ejecutados.
Por su parte, la Contraloría presentó cifras específicas referentes al dinero que se requeriría para 2031 para implementar solo cuatro medidas de atención para las comunidades étnicas. De acuerdo con los datos, se necesitarían 87.000 millones de pesos para brindar apoyo psicosocial a colectivos étnicos; 207.000 millones de pesos, para indemnizar de manera colectiva a la población negra víctima del conflicto; 3,4 billones de pesos, para reparaciones colectivas; 76.000 millones de pesos para retornos y reubicaciones en territorios. Todo esto equivale a 3,9 billones de pesos de inversión.
En ese sentido, los organismos de control y los representantes de las diferentes comunidades étnicas solicitaron a las entidades nacionales que al asignar los recursos para la atención de comunidades étnicas se haga un desagregado por pueblo para que se faciliten las labores de monitoreo. Asimismo, pidieron al Gobierno nacional que se identifique con detalle los recursos que se requieren para implementar los decretos leyes, así como la creación de una ruta de atención específica para los pueblos gitanos en materia de tierras.
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