
El 29 de septiembre, el ministro de defensa nacional, Iván Velázquez, presentó ante la Unión Europea la nueva política antidrogas, impulsada por el Gobierno. La reunión se dio en Bruselas (Bélgica), entre Velázquez y la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson.
El ministro de defensa, quien es también un prestigioso jurista y diplomático discutió con Johansson la cooperación que necesita Colombia para combatir con mayor rigurosidad el narcotráfico, con la política que se centra más en quienes operan el negocio de la producción y tráfico de sustancias ilícitas.
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Frente a la presentación del proyecto, el ministro comentó a la prensa que la iniciativa está orientada específicamente a los actores que manejan el comercio de drogas. “Dirigimos nuestra actividad contra los dueños del negocio, contra los narcotraficantes”, mientras a los campesinos que son pequeños productores de droga buscó considerarlos como víctimas.
En este contexto, el ministro solicitó a Unión Europea mayor cooperación para luchar contra el problema, pero, especialmente, para ejercer apoyo en favor de los pequeños productores, con el fin de que se le quite una base al negocio. Velázquez enfatizó en que los delegados de la UE han entendido que, de la cadena de producción de ilícitos, los pequeños campesinos no son más que víctimas de un sistema más grande. En sus palabras, ellos terminan siendo “víctimas, por sus condiciones de existencia”. Cooperar en su favor es pelear con mayor efectividad contra el flagelo, pues “con esto le estamos quitando una base a las organizaciones criminales. Porque si un campesino puede obtener sus ingresos de una actividad lícita, la va a preferir a una actividad ilícita”, afirmó.
Esta reunión se genera dentro del ámbito de la implementación de esta Política Nacional Antidrogas, que es parte del desarrollo del Plan de Gobierno de Gustavo Petro. El mandatario, a su vez, en un reciente viaje a Nueva York, para la asamblea general de las Naciones Unidas, dio a conocer esta iniciativa y la socializó con el subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson.
Robinson, en su momento, había comentado que esta política carecía de un importante énfasis en la protección de las poblaciones rurales a la vez que ofreció el apoyo en la gestión para solventar estas necesidades. Es por esto por lo que la solicitud de cooperación a la UE presentada por Velázquez resultaría conveniente para un efectivo desempeño del proyecto. “Creo que el Gobierno colombiano necesita hacer más para brindar seguridad a sus ciudadanos en las áreas rurales de Colombia y estamos dispuestos a ayudarlos a lograrlo. Como recordarán, parte de la campaña del presidente Petro fue exactamente eso: buscar brindar mayor seguridad a las zonas rurales. Y queremos ayudarles a hacer eso”, señaló Robinson en su reunión con el mandatario colombiano en Nueva York.
Cabe recordar que la Política Nacional Antidrogas 2023-2033 busca primordialmente “la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026, lo que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado, (...) y cambiar hacia un paradigma centrado en la vida y el medio ambiente, priorizando la salud y el bienestar, sin descuidar la lucha contra el crimen”.
En la última presentación de este proyecto en el Grupo de Trabajo Antinarcóticos Colombia-Estados Unidos, también se reveló la desconfianza de los campesinos productores de coca, pues, según Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, “hoy los campesinos reclaman que primero llegue el Estado, porque la vez pasada ellos cumplieron su palabra, erradicando las matas y el Estado no cumplió. Ahora dicen que venga el Estado y nosotros vamos sustituyendo gradualmente”, comentó en la reunión.
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