Gustavo Petro confirmó que Colombia se retiró de sistema de arbitraje internacional de inversión: estas son las razones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la intención de su gobierno de retirar al país del sistema internacional de arbitraje de inversión, una decisión motivada por el convencimiento de que estos tribunales suelen favorecer a intereses privados en detrimento del Estado.

Según expuso, actualmente están en juego $52 billones—alrededor de 14.000 millones de dólares— en demandas internacionales, resultado de estos mecanismos. Petro hizo público este posicionamiento durante la presentación del informe titulado ‘El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el gobierno Petro’, informó el diario El País.

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La propuesta del presidente Petro surge en respuesta a una carta firmada por más de 200 economistas y académicos, entre los que figuran el premio Nobel estadounidense Joseph Stiglitz y el francés Thomas Piketty. En el documento, dado a conocer por el medio citado, los expertos solicitaron el retiro de Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

Los firmantes argumentaron que el arbitraje internacional de inversión otorga a las multinacionales extranjeras la posibilidad de demandar a los Estados cuando sus políticas públicas afectan la rentabilidad de sus operaciones.

En efecto, sustentaron que este sistema da cobijo a los inversores externos con garantías superiores a las ofrecidas tanto a empresas nacionales como a los propios ciudadanos, beneficiando, por tanto, a las grandes corporaciones multinacionales.

Petro remarca el peso económico y político de la decisión

El presidente colombiano subrayó la relevancia global que, según él, adquiere este debate, indicando: “Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta de los 200 economistas más nombrados en cierta forma en el mundo, como Stiglitz, como Piketty, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya, inmediatamente”, destacó Gustavo Petro durante la comparecencia, en palabras recogidas por El País.

La magnitud financiera del asunto quedó explícita cuando el mandatario aclaró que Colombia enfrenta actualmente compromisos en tribunales de arbitraje por $52 billones. Este dato específico —que cuantifica la exposición económica del país a los litigios internacionales— no había sido el eje del debate público hasta la intervención de Petro.

Colombia plantea seguir el ejemplo de Estados Unidos y otros países

Gustavo Petro justificó su postura afirmando: “Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”. Con ello, buscó enmarcar la decisión de Colombia en una tendencia internacional. El mandatario criticó que los contratos internacionales suscritos por el país establecen que cualquier disputa se resuelva en centros privados de justicia radicados en el país del contratista, lo que —según sus palabras— normalmente desemboca en fallos desfavorables para el Estado colombiano.

Los economistas y académicos alegaron que el modelo vigente permite que las multinacionales extranjeras demanden a los Estados ante tribunales internacionales cuando juzgan que una política pública afecta su rentabilidad. A criterio de los firmantes, esta arquitectura legal otorga privilegios a los inversionistas externos que no están disponibles para actores locales.

El primer mandatario se refirió con dureza a la actitud de los sucesivos gobiernos ante este tipo de disputas. Señaló que el Estado colombiano ha demostrado una “actitud genuflexa”, creyendo que la inversión extranjera solo se asegurará a costa de aceptar condiciones legales que facilitan el triunfo de intereses privados en detrimento del Gobierno nacional.

Petro planteó que, al priorizar las garantías jurídicas para el capital internacional, se desatienden los intereses económicos y sociales de la Nación, quedando expuesto el erario público a litigios en jurisdicciones privadas y extranjeras.