
La directora del IDRD, Blanca Durán, le expresó al fiscal Francisco Barbosa su preocupación por los avances en casos denuncias por violencia de género. Pese a que la entidad ha avanzado en un protocolo para atender los casos y ayudar a las víctimas, la falta de acciones ha hecho que varias de ellas se tengan que encontrar en escenarios deportivos con sus agresores.
Durán señaló que desde noviembre de 2021 y septiembre de 2023 recibieron 65 casos de violencias basadas en género que han atendido. “Desde 2022 hemos remitido a la Fiscalía Delegada de Delitos Sexuales 41 casos y, al parecer, no ha investigado ninguno. Tanto las personas que han denunciado, como las instituciones que las acompañamos en ese proceso, sentimos que mucho del esfuerzo por garantizar mejores condiciones para las y los deportistas, está en riesgo de perderse por cuenta de la demora en identificar causas y responsabilidades”, señaló la directora del IDRD.
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Según la funcionaria del Distrito, el avance de las investigaciones judiciales es clave para que las víctimas no pierdan la confianza en los procesos y se sientan protegidas. Por eso le solicitó a Barbosa que acelere el desarrollo de las investigaciones que se han remitido desde la entidad.
“No hay un avance ni en la investigación ni en las medidas contra los presuntos agresores y esa situación nos tiene muy preocupados porque las mujeres que han denunciado, primero, pierden la confianza en el sistema que las proteja y, segundo, comienzan a tener retaliaciones ya sea por los mismos presuntos agresores, ya sea por el entorno de los agresores y para esto es muy importante que que la justicia actúe de manera eficaz y de manera rápida”, explicó Durán a Infobae Colombia.
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La directora del IDRD señaló que algunas de las víctimas han sido amedrentadas por haber denunciado a sus agresores. En otros casos, han tenido que encontrarse con quienes las habrían violentado en escenarios deportivos o competencias a nivel nacional, lo que conlleva una afectación emocional, consecuencias en su estabilidad o posibles impactos en su rendimiento deportivo.
En el instituto han implementado un protocolo de atención y prevención de violencias de género. Cuando se presentan den uncias, un comité se encarga de evaluar medidas de acompañamiento a la víctima y de protección, como la desvinculación laboral de los presuntos agresores o evitar que comparta espacios con la persona denunciante.
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Los casos más graves son los que han sido denunciados ante la Fiscalía y sobre los que la capacidad de protección del IDRD es limitado. Por esa razón solicitan que el ente judicial actúe de manera rápida e imponga las medidas correspondientes a los señalados agresores.

“Hay de todo tipo de casos. Tenemos casos de deportistas en nuestros escenarios, tenemos casos que han sucedido en competencias nacionales en otras ciudades del país, pero que son de nuestro equipo Bogotá; tenemos casos de menores de edad que hacen parte de clubes y escuelas privadas y nos llegan las denuncias porque consideran que podemos tomar alguna medida”, señaló Durán a este medio.
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Sin embargo, en caso de sanciones a entidades privadas, como escuelas y clubes es el Ministerio del Deporte el que tiene la competencia. Así mismo, cualquier sanción o acción se complica si no hay un avance judicial que sustente la adopción de las medidas administrativas.
“Las víctimas están muy preocupadas precisamente porque esto les genera afectaciones y no hay respuestas, se vuelve algo continuo, se vuelve algo sin conclusión hasta tanto no haya una una decisión de la justicia al respecto”, sostuvo la directora del IDRD.
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