
En el Caribe colombiano tienen mayor presencia tres actores armados ilegales: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), el ELN y el Clan del Golfo. Sobre este último, fue alertada una posible incursión en varios barrios de la zona urbana de Valledupar y en ocho sectores rurales aledaños.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estarían presentes en las comunas 1, 3, 4 y 5 de la capital de Cesar, así como en ocho de sus corregimientos (Aguas Blancas, Caracolí, Mariangola, Guaimaral, El Perro, La Mesa-Azúcar Buena, Villa Germania y Los Venados).
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De igual manera, fue emitida una alerta temprana en la que mencionó que una de las dinámicas ejercida por este grupo es la cooptación de liderazgos. Además, acuden a la presión social a partir de la distribución de panfletos o mensajes publicitarios para aumentar su reconocimiento como grupo ilegal.
Para la entidad, estas acciones son hechas dentro de la fase de acercamientos y generación de confianza con el Gobierno nacional, previo a un eventual proceso de conversaciones y de sometimiento a la justicia. Por ello, el funcionario instó a este grupo a mostrar muestras reales de paz.
“Vulnerar los derechos humanos, ir en contravía de la normativa consignada en el derecho internacional humanitario, ejercer cuantas acciones criminales se les ocurre, no son precisamente acciones merecedoras de tener asiento en una fase de conversaciones”, manifestó el defensor Carlos Camargo.
También exhortó a las autoridades locales y al Ejecutivo a implementar medidas que permitan la retoma del control en Valledupar, a fin de disipar la presencia de integrantes del Clan del Golfo en los puntos de la ciudad ya identificados. “No pueden permitir que las AGC ejerzan el control social, fenómeno que, mediante amenazas, extorsiones, tratos inhumanos, entre otras prácticas crueles, tiene afectadas a las comunidades”, sostuvo al respecto.
Concretamente, fueron emitidas 20 recomendaciones a entes como la Fiscalía General de la Nación y dependencias como los Ministerios de Defensa e Interior, la consejería para los Derechos Humanos y la oficina del alto comisionado para la paz para establecer acciones en territorio que permitan mayor presencia institucional en los barrios y corregimientos.
La Alcaldía de Valledupar, el departamento de Policía de la ciudad, la dirección territorial Cesar-La Guajira de la Unidad de Víctimas y la Unidad Nacional de Protección (UNP) también fueron mencionadas en la alerta temprana de inminencia, pues hay riesgo de cooptación de líderes políticos y sociales en esta ciudad.
“Las AGC han venido realizando diversas acciones proselitistas y de cabildeo con liderazgos sociales, en la perspectiva de revestirse de un discurso político y social, que necesariamente pasa por su cooptación”, precisó la entidad en el documento.
Esta alerta está directamente relacionada con el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre, para lo cual la Defensoría hizo varios llamados a las autoridades locales, regionales y nacionales para proteger a la población y los candidatos antes y durante los comicios.
Durante 2023 fueron publicados 676 mensajes de advertencia, superando por más de 200 las de 2019 (402), año en que también se organizaron comicios para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y representantes de juntas administradoras locales.
Así las cosas, se identificó riesgo extremo en 113 municipios; 286 en nivel alto; 184 en medio y 93 en bajo. Bajo ese panorama, Camargo Assis expuso que el Gobierno debe tener más en cuenta lo analizado por esta entidad.
Además, enfatizó que hubo una notable reducción de la libre competencia democrática. Según él, esta se perdió “en el mismo momento en que no se les permitió a los distintos partidos, ya sea de Gobierno o de oposición, que inscribieran candidatos a corporaciones territoriales”.
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