Gobernador de Risaralda será investigado por irregularidades en la construcción de canchas para los Juegos Nacionales 2023

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, por presuntas irregularidades en la formulación, aprobación, contratación y ejecución de obras para la construcción de canchas de tenis para los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero 2023.

A la investigación también se vinculó al director de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda (EDUR), Mauricio Alejandro Gallego Jiménez, y a Carlos Riaño Zamudio, interventor del proyecto financiado con $8.890 millones de regalías para la adecuación de canchas de tenis en Pereira,

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Esta decisión se registró luego de que la procuradora Margarita Cabello visitara el pasado 14 de septiembre el lugar en donde se construye este escenario deportivo, evidenciando un retraso mayor al 93% en la ejecución de la obra.

De acuerdo con el ente de control disciplinario, esta situación impediría que el proyecto sea entregado para el 11 de noviembre, fecha en que comienza el evento deportivo.

El procurador delegado para el Seguimiento de los Recursos del Sistema General de Regalías, John Harvey Pinzón Navarrete, estableció que el proyecto habría sido formulado por la Gobernación de Risaralda, sin tener en cuenta las condiciones y cronograma técnico, que implicaban una ejecución de obras mínima de 11 meses, con fecha de entrega el 31 de diciembre de 2023.

Dicha inconsistencia técnica no fue advertida por la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda (EDUR), que firmó los contratos de obra con esa fecha de entrega, sin tener en cuenta que los juegos se realizarán entre el 11 y el 25 de noviembre de 2023.

Del análisis hecho por los expertos de la Procuraduría sobre el proceso de planeación, diseño y presentación del proyecto por parte de la Gobernación de Risaralda para aprobación ante el OCAD Región Eje cafetero, concluyó que esa entidad lo habría promovido como una iniciativa de gran impacto regional, precisamente por estar destinado a albergar los Juegos Nacionales, a pesar de que la fecha de entrega de las obras era posterior a dicho certamen.

Con esta calificación y la presentación de un cronograma de trabajo diferente al planteado en un principio, con fecha de entrega en los primeros días de noviembre, los representantes del Gobierno departamental habrían logrado impulsar su aprobación y destinación de recursos por encima de otros proyectos que probablemente eran más urgentes.

Otros inconvenientes detectados por la Procuraduría, que han retrasado las obras al punto de tenerlas en alto riesgo de incumplimiento, son: que no cuenta con licencia de construcción aprobada y que no reporta ejecución alguna en las plataformas digitales GESPROY y SECOP, mediante las cuales se le debía hacer seguimiento al proyecto.

El Ministerio Público determinó que, con la información testimonial y documental recaudada en la visita, además de los documentos requeridos a las diferentes entidades responsables de la obra y demás pruebas que se soliciten, estará próximo a establecer responsables y definir acciones disciplinarias en este caso.

Incumplimiento en otro escenario deportivo

El 17 de septiembre de 2023, la Procuraduría ya había ordenado la apertura de una investigación disciplinaria al secretario de Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas, Andrés Felipe Marín Villada, por la presunta falta de ejecución de las obras del Complejo Acuático Parque Bicentenario, escenario que debía estar listo para Juegos Nacionales 2023.

La Gobernación de Caldas informó que el recinto no podrá ser utilizado para las competencias subacuáticas por no tener a tiempo los mínimos técnicos requeridos para la fecha de entrega prevista.

El servidor habría incurrido en falta disciplinaria por el incumplimiento del contrato administrativo que permitía el normal desarrollo de las obras, por lo que el Ministerio Público señaló que revisará el cronograma de trabajo y las razones por las que, al parecer, hubo demoras en la radicación del proyecto y la posterior autorización del uso de vigencias futuras.