En el marco de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre, las declaraciones del Fiscal General de la Nación, han despertado inquietud debido a la preocupación de Barbosa sobre el panorama político encausado por la Ley Paz Total.
El fiscal lanzó una impetuosa advertencia al Gobierno Nacional por el complejo panorama que se vive en distintas regiones del país, previo a la contienda electoral. En su señalamiento, indica que hay una falta de políticas de seguridad que dificultan el buen desarrollo de la contienda electoral.
Las aseveraciones del funcionario tuvieron lugar en el foro Garantías Electorales para los comicios de octubre 2023, un evento organizado por la Casa Editorial El Tiempo. El panel estuvo encabezado también por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el registrador nacional, Alexander Vega; y el vice contralor con funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga.
Sin embargo, fue en el momento de tocar el tema de los riesgos electorales con vista a la próxima jornada de elecciones, que se dio la oportunidad de resaltar las irregularidades en materia de seguridad que subsisten en la coyuntura actual. Haciendo una observación al mapa de riesgos, Barbosa señaló que se evidencian que hay 261 municipios en riesgo alto, 494 en medio y 366 en riesgo bajo. Ante estas cifras, recalcó que:
“Lo que ha venido ocurriendo en el país es que ante la ausencia de seguridad, de política de seguridad (...) Uno debería tener tranquilidad sobre lo que va a ocurrir en octubre, pero hoy no la tenemos, y no la tenemos porque no hay gerencia y porque tenemos básicamente una atomización en las Fuerzas Militares que llevó a lo que ocurrió el día de antier cuando vimos a las Fuerzas haciendo lo que el país vio, ni siquiera pudimos entrar nosotros como Fiscalía.”
Para el Fiscal, la dispersión de las Fuerzas Militares y la creciente influencia de las bandas criminales y los grupos disidentes tiene un alto impacto en el panorama electoral. De hecho, alerta que “seguramente ustedes van a ver urnas en muchos municipios del país en los que toda la población votó por un candidato”, pues hay una preocupación latente de que estos grupos armados ilegales ejerzan presión sobre la población para beneficiar a sus candidatos.
En esta misma línea, Barbosa advierte que existe una posibilidad de que en el futuro se vean los resultados que podría generar esta injerencia de parte de las bandas criminales. Según él, un fenómeno como la ‘parapolítica’ podría invadir el panorama político en algunos años, o que comiencen a abrirse procesos judiciales por ‘bacrim-política’. “Eso es lo que va a pasar (...) pero ya no por una intención inequívoca de control de esos territorios desde el Ejecutivo, sino porque se abandonó el control desde el Ejecutivo de esas zonas del país”. expresó.
Barbosa también mencionó que la influencia de los grupos ilegales se está tomando algunas zonas por cuenta de la paz total impulsada por el Gobierno. Afirmó que “estamos ante un proceso de desmoronamiento y desmantelamiento del Estado. Les voy a contar la historia para que la aten, en diciembre empiezan a desmantelar el Estado colombiano con unos decretos que sacan a la Fuerza Pública de los territorios con la entelequia de la ‘paz total’, que nadie ha entendido bien qué es, pero ahí está”.
Lo que denuncia el fiscal es que la solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura a cabecillas de grupos delictivos, enmarcadas en las negociaciones entre el Estado y los grupos armados -en aras de la Ley de Paz Total- es que se está capturando mucho, pero que es “sorprendente porque todos los días están solicitando que los saquen de la cárcel, entonces no sé cuál es el gobierno al que él le está sirviendo”.
En ese sentido, para Barbosa es posible que en los próximos comicios no se quemen las urnas, como se hacía en el pasado, sino que exista una organización estratégica que permita que candidatos con apoyo de los grupos ilegales obtengan la victoria.
El fiscal, además, en una rueda de prensa, alegó que “Están hablando incluso de llevarse urnas de un lugar a otro, esto no ocurrió en la elección del presidente Gustavo Petro. Él fue presidente gracias a que este Estado le garantizó las elecciones, lo mínimo que le pide el país es que el presidente y el Gobierno garanticen elecciones en diferentes territorios”. Reiteró que “vamos a terminar en una ‘bacrimpolítica’, donde veremos municipios con votación unánime por un candidato”.
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