Tras conocerse la decisión de un juez de dejar en libertad a ocho de los 10 uniformados de la Policía investigados por la masacre de tres jóvenes en el corregimiento Chochó (Sucre) el 25 de julio de 2022, la defensa de las víctimas alegaron constantes barreras de acceso que impidieron el desarrollo del caso.
Según Aníbal Garay, abogado de varias de las víctimas de los tres ‘falsos positivos’, aseguró que durante el proceso se presentaron dificultades como supuestas fallas en el servicio de internet de la cárcel La Picota, por lo que no se llevaron a cabo las diligencias correspondientes contra los detenidos.
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“Venimos planteando que el internet en La Picota se caía o se desconectaba supuestamente, y no daban razón de ellos”, mencionó el defensor en declaraciones recogidas por La W.
En ese sentido, dedujo que ese inconveniente generó el vencimiento de términos para los ocho patrulleros y la subteniente María Camila Buruticá, subteniente que se encontraba al interior de la patrulla en la que fueron agredidos los tres jóvenes con impactos de bala antes de ser presentados como presuntos integrantes del Clan del Golfo.
A pesar de la decisión, la uniformada seguirá recluida en centro carcelario. Al respecto, el penalista sostuvo ante el medio citado que seguirán con las gestiones correspondientes para que la diligencia preparatoria y el juicio oral se realicen en el menor tiempo posible para evitar más dilaciones.
Vale mencionar que los patrulleros Diana Marcela Puerta Rodríguez, Leila Carolina Ávila Pestana, Jesús María Bolaño Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Yamit Alfonso Henao Araque, Uber Guillermo Mieles Arroyo y Bernardo Pontón Mercado quedaron en libertad por vencimiento de términos tras ser investigados por los delitos alteración o destrucción de elemento material probatorio, homicidio agravado, falsedad en documento público, tortura y privación ilegal de la libertad.
Por estos hechos ya fue condenado el coronel (r) de la Policía Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía de Sucre. El juez Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo impuso una pena privativa de la libertad de 29 años y una multa económica de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Según las pesquisas, el antiguo mando policial fue hallado responsable de los delitos ocultamiento de pruebas, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado en contra de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez Mercado y José Carlos Arévalo.
Varias declaraciones fueron determinantes para que Núñez firmara un preacuerdo con la Fiscalía y posteriormente fuera condenado por esta masacre. Una de ellas fue conocida en primer momento por Noticias RCN sobre la versión entregada por el excoronel a la Fiscalía. Allí indicó las razones por las que agredió a los jóvenes hasta causarles la muerte.
“(...) Yo lo hago sin pensar, lo que hago es accionar el gatillo y dispararle al muchacho. En ningún momento yo concluí, es simplemente que asumimos porque el único que podía matar policías era el ‘Clan del Golfo’. Es que eso fue de una, le disparé, le hice tan tan. Yo le dije acuéstese y yo le disparé”, reveló.
El triple crimen fue cometido por la Policía en respuesta a un plan pistola anunciado por el Clan del Golfo en esa zona del país. Previo a conocerse la masacre, integrantes de este grupo ilegal habían asesinado a varios uniformados en zonas aledañas a Chochó.
A pesar del hecho, Núñez reconoció que los tres jóvenes eran inocentes. “Obviamente, yo tomo una muy mala decisión y bueno, estamos acá para contar la verdad y, obviamente, ofrecer una disculpa a los familiares y a las víctimas porque el proceder de uno no es”, aceptó en su declaración.
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