
Los recientes hechos de sicariato que acabaron con la vida del dragoneante del Inpec Diego Hernando Torres Lemus el pasado 22 de agosto, despertaron las alarmas de la institución y del Ministerio de Justicia. Con ese, ya son seis los asesinatos de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por lo que en las últimas horas se conoció de una estrategia para contrarrestar este delito que afecta la seguridad nacional.
Presentado como el Plan Integral Penitenciario para la Prevención (Pipp), estaría enfocado en fortalecer tres ejes fundamentales para la protección de los funcionarios de la institución: mejor articulación de las instituciones nacionales; estrategias de protección y alarma con la Unidad Nacional de Protección (UNP), y selección de personal especializado de Fiscalía y Dijín para identificar criminales.
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Como primera medida, el plan intentará proteger a los funcionarios que han recibido amenazas por parte de grupos ilegales en diferentes zonas del país. De hecho, según denunció el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, desde 2018 ya se completan 644 casos de amenazas contra la humanidad de los guardianes de la institución.
Además, se espera que la UNP también haga parte de la estrategia, brindando apoyo en seguridad a los funcionarios que estén en inminente riesgo. “Revisar todas esas amenazas y medidas de protección que nos dan, como un botón de pánico, un chaleco antibalas y, en el mejor de los casos, un escolta o esquema de seguridad”, señaló el director.
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En cuanto a la resolución de homicidios, el coronel Gutiérrez señala que se necesita un equipo de investigadores con conocimiento de los casos, que permita dar con el paradero de los responsables de los 63 asesinatos que se han dado contra miembros de la institución desde 2017. De hecho, el director del Inpec señaló que todavía “no hay resultados investigativos, no hay capturas, entonces también ese llamado para que nuestra Fiscalía nos apoye”.

Sin embargo, desde el ente acusador se aseguró que sí se han dado judicializaciones por los asesinatos, como en el caso de Cristian Alexánder Villegas, alias Colorado, quien fue acusado de ser el presunto responsable del asesinato del Capitán Luis Eduardo Millán el pasado 18 de junio de 2019, en Boyacá; o de Milton Libardo Jiménez, exinspector de la institución a quien se le acusa de participar en la muerte del dragoneante Humberto Peña en mayo de 2010.
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Además de las acciones ofensivas del Ministerio y el Inpec, el plan también conforma una estrategia de prevención, que se centraría en la capacitación del personal de la institución en temas de seguridad y defensa personal, además de fortalecer el modelo de vigilancia e investigación a los reclusos de cárceles donde se han presentado más amenazas para los funcionarios, como en el caso de los centros penitenciarios de Valledupar, Girón y Jamundí.
Otro aspecto que se considera en el Pipp es la articulación con el Ministerio de Defensa, cartera que se encargaría de identificar y atacar a los grupos criminales detrás de los asesinatos de los últimos años. De hecho, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que pedirá a Iván Velásquez que se tengan los ataques a funcionarios del Inpec como tema prioritario en el consejo especial de seguridad, que se tiene previsto para los próximos días.
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Entretanto, desde la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), uno de los sindicatos del Inpec, destacaron el apoyo del Gobierno nacional para su protección, aunque aseguraron que acudirán a instancias internacionales para investigar los asesinatos y que se impongan las medidas cautelares correspondientes a los funcionarios en riesgo.
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