El país atraviesa un complejo panorama en términos de seguridad a pocos meses de que se celebren las elecciones regionales de octubre de 2023. Recientemente, se han conocido múltiples denuncias por parte de algunos candidatos que han manifestado ser víctimas de amenazas, situación que parece haber llamado la atención del Gobierno nacional.
En medio del debate de control político que se llevaba a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que las autoridades ya tendrían neutralizado un grupo de criminales que estarían llevando a cabo extorsiones desde diferentes cárceles del país.
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El ministro Velasco se refirió puntualmente a la situación que se registra en Tuluá (Valle del Cauca), en donde, a través de amenazas, los criminales estarían intentando influir en las campañas electorales de los candidatos que aspiran asumir algún cargo en el municipio.
Pese a que el Inpec tendría identificados a quienes estarían ejecutando las extorsiones, el funcionario indicó existen algunos inconvenientes para trasladarlos de los centros penitenciarios donde permanecen.
Preocupante panorama
Para Velasco, los hechos registrados el martes 22 de agosto, en los que la casa de una colaboradora de una de las campañas que se lleva a cabo en Tuluá fue baleada, es una clara muestra de la violencia que se ha registrado en esta población del Valle del Cauca.
El ministro señaló que las autoridades saben quiénes son los criminales que están detrás de los actos delincuenciales que se han reportado en el municipio; hechos que él considera una declaración de guerra contra el Gobierno nacional, que emitirá una respuesta.
Tuluá es uno de los municipios donde los procesos electorales estarían corriendo riesgo
Es válido recordar que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta meses atrás en la que advertía sobre el riesgo al que están sometidos los procesos electorales en Cali y en los municipios de Trujillo, Jamundí, Tuluá, Florida, El Cerrito y Buga.
A comienzos de agosto de 2023, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que en esas poblaciones las estructuras criminales han ejercido violencia y presión a los candidatos; situación que puede afectar la inscripción de cédulas, que se cierra el 29 de agosto.
Tuluá es uno de los municipios que más ha vivido la violencia desde que comenzó el año. En la población se registraron 96 homicidios en los primeros siete meses, que representa un aumento del 31,51% frente a los 73 registrados en el mismo periodo de 2022.
Esta situación estaría relacionada con la presencia de grupos armados, tales como las disidencias de las Farc o el mismo ELN, en algunos sectores de la región.
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