‘Falsos positivos’: JEP notificó a comunidades étnicas que asumió el conocimiento del caso de joven asesinado por soldados de La Popa

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó por segunda vez a una comunidad étnica el conocimiento de la resolución de conclusiones sobre el subcaso Costa Caribe del macrocaso 03 –asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado–.

Según lo indicado por el tribunal durante el jueves 24 de agosto, el anuncio fue entregado por la magistratura al consejo comunitario José Prudencio Padilla y a los familiares de Nelson Enrique Romo Romero, un joven afrocolombiano asesinado por soldados adscritos al Batallón de Artillería N.2 ‘La Popa’ y presentado como guerrillero abatido en combate en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2003.

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Dicha diligencia de notificación se llevó a cabo en la caseta comunal Nueva Esperanza, ubicado en el corregimiento Badillo, Valledupar. El togado Juan Ramón Martínez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, señaló que esta notificación permite ahondar en el cumplimiento de garantías de verdad, justicia y repetición.

“Sus costumbres y tradiciones nos suscitan reflexiones para seguir trabajando por la justicia prospectiva”, añadió a su vez el magistrado Camilo Suárez, presidente de esta sección. Por su parte, la familia de Romero reafirmó la inocencia del joven presentado como un ‘falso positivo’ por integrantes de la fuerza pública.

Al momento de su asesinato, Nelson Enrique Romo Romero tenía 30 años y trabajaba en el área de la construcción. También ejercía labores de campo, debido a que era el cuarto de 15 hermanos que vivían con su madre, Neftalina Rosa Romero, en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Su pasatiempo favorito era la pesca y solía zambullirse en el río Badillo para llevar bagre y bocachico a la paila de su casa. Además de velar por sus hijos, también era recordado por ser uno de los principales soportes económicos de su madre”, reseñó también la JEP sobre su vida.

Romero fue asesinado junto con otros dos jóvenes, cuyos nombres fueron inscritos en el reporte entregado por el Batallón ‘La Popa’ a la prensa regional y nacional. En este, fueron calificados como integrantes del Frente José Manuel Martínez Quiroz del ELN, abatidos en enfrentamientos con el Ejército.

Según lo indicado por las autoridades en ese entonces, el falso combate se produjo en el corregimiento Loa Brasiles, zona rural del municipio San Diego (Cesar). Los otros dos sujetos asesinados fueron identificados por familiares como Wilson Baena y Alfredo Fernández.

Después de esta notificación étnica y cultural que tuvo un primer momento el pasado 5 de agosto y que contó con participación de Consejo Kusutu Ma-Gende de Barranquilla, la Sección de Reconocimiento hará una gran audiencia de observaciones a la resolución de conclusiones el 31 de agosto y 1 de septiembre en Valledupar.

Allí serán escuchadas autoridades indígenas y negras, así como los delegados del Ministerio Público y los comparecientes vinculados al subcaso en medio del juicio que avanza en su contra tras el reconocimiento de responsabilidad en julio de 2022. Sumado a esto, la JEP anunció a comienzos de agosto el avance de los procesos contra militares no declarados como máximos responsables en los crímenes extrajudiciales cometidos en el Caribe y Norte de Santander.

La Sala de Definición definió al respecto que en total serán revisados los expedientes de 92 exintegrantes del Ejército Nacional, de los cuales 41 hicieron parte del Batallón de Artillería N.2 La Popa; 51 integraron la unidad de Infantería N.15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y la Brigada Móvil 15. Todos ellos participaron en conductas “asociadas al patrón criminal” de acuerdo con un pronunciamiento de la jurisdicción.