Desde el Consejo de Bogotá piden que el precio de la libreta militar sea el mismo que el de la cédula de ciudadanía

El concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Álvaro Acevedo, ha presentado una solicitud al Ministerio de Defensa para que se reevalúe el proceso de obtención de la libreta militar, específicamente en lo que respecta a su costo.

Acevedo ha dirigido su llamado al presidente Gustavo Petro y al titular de la cartera de defensa, Iván Velázquez Gómez, con el propósito de explorar alternativas que aborden el precio de la libreta militar, teniendo en cuenta las limitadas capacidades económicas de muchas familias en Bogotá, donde los ingresos son bajos y, a menudo, no alcanzan para tramitar este documento.

La propuesta del concejal del Partido Liberal surge ante el contexto en el cual el Ministerio de Defensa ostenta el mayor presupuesto nacional y, sin embargo, el costo de la libreta militar en varios casos supera el millón de pesos, mientras que la expedición de la cédula de ciudadanía oscila entre los 60.000 y 70.000 pesos.

El concejal Acevedo concluyó su solicitud subrayando la necesidad de que esta iniciativa beneficie a familias de diversos estratos económicos, tanto en Bogotá como en todo el país.

La libreta militar constituye un documento de carácter obligatorio para los ciudadanos colombianos y puede ser requerido en diversas instancias de la vida civil y laboral.

Cabe señalar que un pronunciamiento histórico de la Corte Constitucional en el primer semestre del presente año arrojó luz sobre el pago de la libreta militar en Colombia.

Esta decisión se derivó de la evaluación de una acción de tutela presentada por un joven, Nicolás Arias Herrera, quien alegó que había sido ignorada su situación económica independiente mientras se resolvía su situación militar. La Corte Constitucional emitió una directriz al respecto.

La situación se remonta a abril de 2012, cuando Nicolás Arias Herrera fue convocado para un proceso de incorporación por el Distrito Militar n.° 01 en Bogotá. No obstante, al descubrirse que era hijo único, se le informó que debía gestionar directamente su libreta militar.

No obstante, para diciembre de 2017 (cinco años después de la primera presentación), aún figuraba como “en liquidación por liquidar”. La situación se complicó cuando se le notificó en mayo de 2020, a través de su empleador, que debía resolver su situación militar y presentar la libreta tres meses después del fin del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Ante esto, el joven, ya de 27 años, solicitó al Distrito correspondiente que calculara la cuota de compensación militar en función de sus ingresos y patrimonio líquido, y que se generara el recibo correspondiente utilizando solo sus ingresos, dado que tenía independencia económica.

El Ejército Nacional respondió que esto no era posible, ya que la liquidación de la cuota debía realizarse en función de su fecha de clasificación, independientemente de su situación actual de independencia económica.

Finalizado el aislamiento obligatorio, se le instó nuevamente a resolver su situación militar. Frente a la negativa a evaluar su situación, presentó una tutela argumentando que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el trabajo y el mínimo vital.

En esta línea, argumentó que no debían cargar a sus familiares con esta obligación si él mismo podía solventarla. Aportó certificaciones de entidades públicas y privadas, así como pruebas de su independencia económica.

Por ende, solicitó que se calculara la cuota de compensación militar en función de sus ingresos y patrimonio líquido, y que se generara el recibo con base en su capacidad económica individual.

A pesar de que en un inicio el juzgado 18 de familia de Bogotá rechazó las pretensiones de la tutela, la Corte Constitucional la seleccionó para emitir un pronunciamiento de fondo. Concluyó que, en este caso, la liquidación de la cuota de compensación militar debía basarse en los ingresos del joven, cuyos documentos estaban en línea.