La Defensoría del Pueblo, mediante una alerta temprana, advirtió sobre un grave riesgo de violencia en determinadas zonas del país de cara a las elecciones regionales de octubre. También detalló cuáles son las zonas del país con mayor índice de vulnerabilidad debido al recrudecimiento de la violencia, e hizo llamados al Gobierno nacional para mitigar estas dinámicas.
En ese sentido, detalló que no solo en Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño y Atlántico hay riesgo electoral, sino también un alto nivel de peligro para excombatientes de las Farc.
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La entidad al mando de Carlos Camargo sostuvo que hay amenazas de riesgo contra la vida de aspirantes a cargos de elección popular que se acogieron al Acuerdo Final de Paz y que, incluso, las mujeres firmantes tienen barreras para acceder a su derecho al voto.
Bajo este panorama, el funcionario también recordó que fueron emitidas 28 alertas tempranas entre 2022 y lo que va de 2023, todas ellas identificando un riesgo diferencial para esta población.
Para la Defensoría, las dinámicas del conflicto persisten en las zonas donde existen Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) con tres variables ligadas a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de la antigua guerrilla al mando de Iván Mordisco (Estado Mayor Central).
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La entidad resalta las posibles fortalezas o debilidades que exponen a excombatientes y otras comunidades en estos espacios, como también las dinámicas propias de la violencia en contexto del conflicto armado y el crimen organizado (riesgo de reclutamiento, estigmatización y control territorial por parte de actores ilegales), y un riesgo adicional para las poblaciones con poca presencia institucional.
“Todos estos factores, en criterio de la Defensoría del Pueblo, configuran amenazas para las personas firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación”, advirtió la Defensoría al respecto.
En relación con las elecciones regionales, también fue detectado un riesgo adicional para los firmantes del Acuerdo que ejercen liderazgos. El documento de 215 páginas detalló que aquellos que respaldan candidaturas políticas o se postularon para asambleas o alcaldías locales tienen mayor exposición a ataques, además porque tampoco hay plenas garantías de protección por parte del Estado.
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“Entre esta población, se reconoce el riesgo especial que afrontan las personas en reincorporación que pertenecen al Partido Comunes, pero también aquellas que no forman parte de dicha colectividad y quienes, por ello, han afrontado posibles trabas institucionales para el acceso preferente a rutas de protección”, aseguró la entidad en la alerta temprana.
Prácticas y mecanismos de control ejercidos por grupos armados ilegales
Tema aparte, la Defensoría mencionó que las dinámicas de control territorial y de la población se ven con más frecuencia en 2023, por lo cual advirtieron un posible crecimiento y expansión de estructuras al margen de la ley. Dentro de estos ejercicios está la carnetización de civiles, especialmente en zonas rurales, y la regulación de la movilidad, que tuvo un fuerte incremento durante la emergencia económica y sanitaria por el covid-19.
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“Sin embargo, este tipo de controles no tuvo una acción efectiva de las autoridades. Los grupos armados ilegales y organizados establecieron nuevas fronteras con el abarcamiento de mayores extensiones de territorio controlado o vigilado”, añadió la entidad.
Así las cosas, la alerta temprana emitió un llamado al Gobierno central para establecer no solo medidas de seguridad necesarias para el ejercicio político antes y durante los comicios de octubre, sino para afianzar los enfoques diferenciales de derechos humanos.
Según la Defensoría, dichos elementos son clave “a la hora de leer los contextos y establecer escenarios certeros para la toma de decisiones, sobre todo en políticas públicas que impactarán la garantía de derechos de la población civil”.
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