Abogado de Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara pidió anular el proceso por violación de los topes de campaña

El abogado Mauricio Pava, defensor del presidente de la República, Gustavo Petro, radicó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una solicitud de nulidad y auto inhibitorio en medio del proceso que se adelanta contra a el actual mandatario por los delitos de violación de topes o gastos de campaña.

En primera instancia el abogado radicó un protocolo de ‘manos limpias’, aprobado por Naciones Unidas, para que el proceso al Presidente sea transparente ante la ciudadanía, acorde con ese obligatorio programa ético y de cumplimiento.

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Del mismo modo, Pava Lugo entregó a la Comisión un análisis jurídico para solicitar que se anule todo lo actuado con base en lo que los expertos jurídicos conocen como la “teoría del fruto del árbol envenenado”, que sostiene que una denuncia no puede estar apoyada en una prueba ilegal.

Y de acuerdo con el abogado defensor del jefe de Estado la denuncia original, que dio lugar al trámite procesal en la Comisión de la Cámara, está soportada en una prueba ilícita, hallada por la misma Corte Suprema de Justicia.

Mauricio Pava, en su momento, argumentó que las evidencias soportadas en los supuestos ‘petrovideos’ no son legales y por ello solicitó “declarar la nulidad de la actuación procesal a partir (inclusive) del auto del 15 de marzo del 2023 y, luego proferir un auto inhibitorio”.

El defensor explicó que las pruebas deben ser legalmente obtenidas, como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que indica que “en un régimen presidencialista como el colombiano, investigar a un presidente de la República es tal vez uno de los mayores retos para la preservación y vigencia del Estado constitucional de derecho. De allí, que no pueda existir ninguna circunstancia que vicie de ilicitud la actuación procesal donde se surte la investigación. De cara a lo anterior, la Sala concluye la ilicitud en la obtención del video que sustenta la denuncia, a causa de la intromisión en el entorno social revestido de la prerrogativa a la intimidad donde se desarrolló la reunión (...) Circunstancia que impide de plano continuar con la investigación”.

Por último, Pava sostuvo que “toda la actuación que ha venido adelantándose está viciada de ilicitud, lo que implica declarar la nulidad y emitir el auto inhibitorio, como lo hizo la CSJ, en situación semejante. Naturalmente, deben remitirse copias de las denuncias penales subsistentes al presidente de la Comisión de Acusación para que, en los términos del Artículo 331 de la Ley 5.° de 1992, proceda a un nuevo reparto”.

Las denuncias contra Gustavo Petro

La denuncia original ante la Corte Suprema de Justicia fue presentada por Socorro Oliveros de Hernández, esposa del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, contra Gustavo Petro, Roy Barreras y Armando Benedetti, por violación de topes en la campaña electoral con base en los llamados ‘petrovideos’.

Así mismo, la denuncia se interpuso por los delitos de fraude procesal y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. “En los videos se aprecian conversaciones que dan cuenta sobre aportes realizados por empresas y empresarios a la campaña de Gustavo Petro, que no aparecen en los registros de campaña entregados al Consejo Nacional Electoral”, indicó la denunciante.

La segunda denuncia la radicó ante la Fiscalía General de la Nación contra “persona indeterminada” por los dos mismos delitos.

Quién es Mauricio Pava Lugo

Pava Lugo es abogado penalista de la Universidad de Caldas y ya había ofertado sus servicios a otros miembros del Pacto Histórico como Armando Benedetti y Roy Barreras.

Así mismo es conjuez de la CSJ. También tiene una especialización en Casación Penal y estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law.

El penalista participó como asesor en la elaboración de los paquetes de proyectos de ley que tenían que ver con el marco jurídico de la “paz total”.