El 19 de agosto se conoció que el 18 de agosto sobre las 8:20 a. m. fue capturado, en Medellín, el narcotraficante Hugo Orlando Sánchez Jiménez, alias Romario, que pertenecería al grupo criminal Primer Comando Capital de Brasil, estructura ilegal que estaría relacionada con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La captura fue posible en un trabajo conjunto entre la Policía de Brasil y la Policía colombiana.
El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca confirmó la captura: “Su captura se enmarca en el trabajo articulado con el centro de cooperación policial internacional y la comunidad latinoamericana y el Caribe de inteligencia policial, con el fin de proveer y coordinar entre las agencias y servicios de inteligencia de la región la cooperación bilateral entre Colombia y Brasil”.
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Alias Romario es, de acuerdo con las autoridades, un narcotraficante “invisible” que, según el expediente citado por Semana: ”Se desempeñaba como principal proveedor de cocaína para el envío de grandes cantidades hacia Europa y África”.
En Brasil, la Policía Federal lo vincula, desde 2011, al tráfico de estupefacientes y era el encargado de coordinar, presuntamente, la producción de cocaína en Bolivia, Perú y Colombia, que era enviada a São Paulo (Brasil) a través de aviones privados o por vías terrestres.
También es señalado, por las autoridades brasileras de ser el proveedor de 360 kilos de droga de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia a Primer Comando Capital, que en para las autoridades colombianas y paraguayas está relacionada con el asesinato del fiscal Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022.
De acuerdo con información de El Tiempo, Sánchez Jiménez nació en 1969 en Ibagué (Tolima) y su cédula aparece expedida en Puerto Asís en Putumayo; también tenía circular roja de la Interpol.
El operativo de captura de alias Romario, según El Tiempo, “involucró el rastreo y la identificación de las nuevas expresiones del narcotráfico, mediante la cooperación internacional entre Colombia y Brasil para identificar organizaciones criminales dedicadas a la producción, almacenamiento y exportación altas cantidades de cocaína”.
Caso Pecci: Abogados paraguayos pidieron a la Corte Constitucional mantener la virtualidad de las audiencias
El 21 de junio, el colegio de Abogados del Paraguay, a través de un comunicado, pidió a la justicia colombiana mantener la virtualidad en las audiencias en el proceso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú en Cartagena. Esta petición se conoce luego de que la Corte Constitucional ordenara el regreso a la presencialidad en Colombia, poniéndole fin a las audiencias virtuales.
También reparan en que la virtualidad ha sido una herramienta tecnológica idónea y fundamental para que los servicios de justicia sean eficientes y eficaces, y advierten que esto no supone “de manera alguna, una afectación a principios procesales inherentes a un sistema acusatorio como los de oralidad e inmediación”.
Enseguida, señalaron que creen en que el Estado, la justicia y los órganos jurisdiccionales colombianos “han demostrado mediante este método tecnológico ser un ejemplo y guía para tantas naciones latinoamericanas en materia de sustanciación de procesos, circunstancia objetivada en actuaciones en esta misma causa y que llevaron incluso como resultado condenas a quienes han tenido participación en el abominable hecho”.
El Colegio de Abogados del Paraguay pidió entonces la Corte Constitucional de Colombia “mantenga las reglas procesales de la virtualidad, circunstancia que no afecta ni atenta contra los derechos de las partes y que en cierto modo permitiría tutelar el caso particular que atañe a uno de los destacados agentes fiscales de la República del Paraguay”.
A propósito del comunicado del gremio, el apoderado de la familia de Pecci en Colombia, el abogado Francisco Bernate, le dijo a EFE, que sostuvo una reunión el miércoles 21 de junio con representantes del Colegio de Abogados del Paraguay, en la que se conversó sobre la decisión de la Corte Constitucional:
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