
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, está en Washington. Allá se reunió con el secretario General de la OEA, Luis Almagro, al que le expuso sus preocupaciones por los riesgos, en materia de derechos humanos, que se viven en Colombia de cara a las elecciones regionales de octubre de 2023, también advirtió el recrudecimiento de la violencia y que los grupos armados “se siguen burlando del anhelo de paz de los colombianos”.
Camargo también le señaló a Almagro que la democracia colombiana enfrenta uno de los momentos más críticos de las últimas dos décadas, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que está generando graves vulneraciones a la población civil, y que tiene a la tercera parte de los municipios en máximo riesgo.
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El defensor del Pueblo también reparó en que, por más que el Gobierno nacional y distintos grupos armados hayan pactado o estén ad portas de pactar ceses al fuego, estos “siguen adelantando acciones que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos”:
También denunció que el ELN decretó un paro armado en el medio San Juan en Chocó y que esto es una violación al cese al fuego. Reparó en que la Defensoría del Pueblo no hace parte del mecanismo de verificación, pero que eso no lo invalida para hacer este tipo de denuncias y no ejercer su función constitucional como garantes de los derechos humanos en el país.
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A esto añadió que en las 42 oficinas regionales de la Defensoría han recibido denuncias de cómo los grupos armados siguen atentando contra la población y que esto solo “demuestra que los grupos armados se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos y de la confianza del Gobierno Nacional que le apuesta a un proceso de paz total”.
Camargo también le contó a Almagro que a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido la expansión de los grupos armados ilegales en el territorio, con lo cual se ha elevado el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de por lo menos 380 municipios. En los que el aumento en las extorsiones, los homicidios, los secuestros, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, masacres, entre otros delitos, se ha vuelto una constante; también reparó en que la violencia no solo se recrudece en las regiones, sino que ya han emitido alertas tempranas en ciudades como Bogotá, Cúcuta y Barranquilla:
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El defensor del Pueblo insistió en su llamado a los grupos armados para que dejen a la población civil por fuera del conflicto, que no hagan uso de minas antipersona ni adelanten acciones que pongan en riesgo a las comunidades, así como que detengan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y que den verdaderos gestos de paz y atiendan, con altura, a la confianza que el Gobierno nacional les ha brindado en los acercamientos y diálogos de paz que se adelantan.
También se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las que dijo que los gobernadores, que le han pedido al Gobierno nacional que tomé medidas contundentes por el incremento de la violencia en las regiones, están es haciendo política con sus quejas sobre el orden público.
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