Ernesto Samper, Rodríguez Zapatero, Rafael Correa y otros políticos de izquierda insistieron en que se está adelantando un “golpe blando” en contra de Gustavo Petro

Por medio de un documento firmado, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) manifestaron su rechazo a los supuestos intentos de desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro.

“A través de un golpe blando cuyo objetivo final es desconocer el mandato popular que eligió a Gustavo Petro como presidente de la República después de un proceso electoral rodeado de todas las garantías y la transparencia propias de un sistema democrático”, se lee en el informe.

En las declaraciones se evidenció una profunda preocupación respecto a la postura de varios políticos quienes hicieron uso indebido de informaciones falsas, engañosas e imprecisas sobre el proceso judicial en la investigación adelanta al hijo mayor del presidente Petro por posible a financiación irregular de su campaña en el que “anuncian y legitiman escenarios de ruptura democrática que solo caben en sus mentes autocráticas”.

Es así que aseguran que desde meses anteriores se ha aprovechado una campaña para utilizar cualquier crisis, para exigir sin ningún fundamento la renuncia del jefe de Estado, “con total desapego por la Constitución colombiana”.

“Hacemos un llamado a la calma y exigimos que sea respetado el debido proceso de las personas involucradas en la investigación judicial, sin permitir que sea utilizado, como lo pretenden hacer los voceros de la oposición colombiana, como un arma política contra la institucionalidad democrática”, se lee en la carta.

De esta manera, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia también pidieron al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien ha hecho pública su animadversión personal con el mandatario colombiano, que se abstenga de convertir este caso en un proceseo mediático de judicializaciónn política, “en un nuevo caso de lawfare”.

Por esta razón, declaran la necesidad dee observar los siguientes puntos:

• Respeto máximo por el Estado de Derecho colombiano y por su sistema judicial;
• Exigencia del cumplimiento de las reglas del debido proceso;
• Transparencia en todas las actuaciones procesales para que no haya duda de que el objetivo final de la investigación no es horadar la credibilidad del presidente Petro

De esta manera, los grupos expresan que es necesario el deber de abstención por apariencia de parcialidad del Fiscal que se constata en hechos precedentes tales como:

1. No haber considerado que, Nicolás Petro no es funcionario del Gobierno de Gustavo Petro y no lo ha sido nunca.
2. Que Nicolás Petro no participó en la campaña Presidencial como Tesorero, Contador o Gerente, tal y como puede comprobarse en el Consejo Nacional Electoral colombiano.
3. Que, dentro del proceso de colaboración con la justicia que ha iniciado Nicolás Petro afirmó que ni el presidente Petro, ni el gerente de la campaña Ricardo Roa tuvieron conocimiento de los dineros que él y su ex esposa Daysuris recibieron de forma ilícita, eso mismo, fue ratificado por la ex nuera del presidente el 6 de agosto, por tanto, no 1 existe ninguna prueba documental escrita o de otra índole que apunte a que el presidente Petro haya indicado o pedido a su hijo que solicitara dinero para su campaña o para él.
4. Que en estos momentos, lo único que se ha acreditado ante la Fiscalía General de la Nación es que existe un incremento patrimonial irregular del hijo del presidente Petro y de su ex pareja, sin que la Fiscalía haya acreditado en ningún momento el origen ilícito de este incremento patrimonial o del dinero recibido.
5. Que a fecha de hoy no han sido llamados a declarar quienes supuestamente pudieron haber aportado a Nicolás Petro cantidades de dinero, algo sin duda trascendental para acreditar la veracidad de las afirmaciones de la denunciante.
6. Que la Fiscalía, sin más pruebas que la entrevista de la denunciante con la Revista SEMANA, ordenó las detenciones en forma rápida, ágil y con un despliegue policial con fines mediáticos y trascendencia pública.
7. Que los delitos presuntamente cometidos por Nicolas Petro no tienen relación alguna con el presidente o la tarea de su Gobierno. En ningún caso ha habido manejo de recursos o fondos públicos, ni para campañas electorales ni tampoco para aprovechamiento personal.

Finalmente, el la carta firmada expresaron que, “por todo ello solicitamos a la comunidad internacional, y en especial a la comunidad jurídica y a los defensores y defensoras de los derechos humanos, al igual que a todas las personas demócratas y de buena voluntad, qué alcen su voz en defensa de la honorabilidad del presidente Petro, y que exijan a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que cese en su clara actitud de injerencia política para desgastar al actual gobierno y a la presidencia de Gustavo Petro”, concluyeron.