Corte Suprema abrió nueva investigación contra el representante César Gómez Castro, ¿por qué razón?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante a la Cámara, César Cristian Gómez Castro, y lo llamó a rendir indagatoria por el presunto tráfico de influencias de servidor público.

Los hechos por los que se le acusa se remiten a 2018, cuando Gómez fungía como alcalde de Popayán. En su cargo, habría influido de manera irregular en el secretario de Tránsito del municipio para que no fuera inmovilizado un vehículo.

Además, según la Corte, el entonces mandatario también habría incurrido en presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con la investigación, Gómez solicitó entre el 8 y 28 de marzo de 2017, ante el Concejo Municipal, la autorización para la concesión de unos servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte para que se le otorgara el derecho a la prestación, operación, organización, gestión y/o explotación por un tiempo determinado del Sitema Inteligente de Movilidad de Popayán, pidiendo que no se realizara mediante una asociación público-privada.

Sin embargo, para la Fiscalía General de la Nación, el contrato firmado no se ajustó a los requisitos legales, pues no contó con estudios previos, ni tuvo en cuenta estipulaciones como el pago al concesionario y los fondos para cumplir con la obligación.

Lo anterior, causó un detrimento patrimonial para el municipio, toda vez que no se hizo un análisis de riesgo que permitiera dar cuenta de la verdadera capacidad de la empresa contratada para hacer efectivas las ejecuciones del contrato.

Pero las investigaciones contra César Gómez Castro no se quedan ahí. El hoy representante por el Partido Liberal también había sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2022, por el presunto delito de prevaricato por acción.

Este proceso se remonta a 2016, cuando también en su rol de alcalde de Popayán, Gómez habría trasgredido la regulación legal aplicable a los encargos por ausencia temporal del mandatario local.

En ese año, Gómez Castro habría designado durante una ausencia temporal al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Francisco León Zúñiga Bolívar, como alcalde encargado. La ley dice que solo un funcionario con nivel de directivo podía tomar dicha función, pero Zúñiga tenía nivel de asesor, por lo cual el entonces alcalde habría transgredido la regulación legal e incurrido en el delito de prevaricato por acción.

Pero además de esa designación, el alto tribunal pudo determinar que el exalcalde habría ejecutado tres encargos para su reemplazo sin que estos cumplieran los requisitos legales. De acuerdo con la Sala, estos nombramientos sí pueden hacerse, pero cumpliendo con los requisitos de ley; en este caso, debía designar a uno de sus secretarios de despacho.

Según establece la ley, si el alcalde no ha asumido sus funciones, se ve en imposibilidad para hacerlo o no ha designado a uno de sus secretarios, deberá ser el secretario de Gobierno quien tome las riendas de la administración hasta que el titular regrese al cargo o hasta que nombre a alguno de los miembros de su despacho como alcalde encargado.

Francisco León Zúñiga no era secretario de despacho, y Gómez Castro no estaba en falta absoluta ni en suspensión de su cargo, por lo que podía haber designado a alguno de sus funcionarios legalmente autorizados.

En marzo de 2022, Gómez Castro fue relacionado con el cuestionado Mario Castaño en medio de la imputación de cargos por la entrega irregular de contratos en diferentes entidades del Estado. Aquella vez, la Fiscalía aseguró que durante su mandato en Popayán se entregaron de manera directa contratos que superaron los 1500 millones de pesos.

Dentro de las pruebas estaría una conversación telefónica en la que se escucha a Juan Carlos Martínez, uno de los principales asesores del entonces alcalde, hablar con Castaño sobre la entrega de contratos.