Un escándalo que socava la gobernabilidad de una propuesta centrada en la transformación de las costumbres políticas.

El más reciente escándalo que se ha presentado en el actual Gobierno se convierte quizás en el reto más difícil al que se ha visto enfrentado. La reciente captura de Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos ha generado una profunda crisis gubernamental y socava de manera drástica la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro.

Se entiende que una de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la gobernabilidad es el apoyo ciudadano a la gestión del gobernante. Las denuncias de irregularidades y entrada de dineros provenientes de actividades ilícitas en la campaña del actual presidente hacen que se lastime de manera determinante la imagen del presidente. Aunque las más recientes encuestas muestran que Gustavo Petro ha retrocedido en las mediciones de popularidad, aún mantiene el apoyo de los votantes “duros” que se alinean con su proyecto político.

Sería un error desconocer que el presidente no solo tiene el apoyo, sino que representa a un sector social integrado por diversas organizaciones de distinta naturaleza, que están organizadas y dispuestas a expresarse ante el llamado gubernamental. Entre ellas se encuentran sindicatos, organizaciones juveniles, partidos políticos, movimientos de mujeres, organizaciones que agrupan a la población LGBTQ+, y organizaciones de víctimas, animalistas y ambientalistas. Si bien es cierto, no son la mayoría de la población, sí hacen parte del sector más organizado de la sociedad civil.

Pero es pertinente observar que, a pesar de que la gobernabilidad del presidente se ha visto comprometida seriamente por el escándalo que ocupa todo el “spotlight” de la atención mediática actual, no está totalmente destruida. Gustavo Petro aún tiene margen de maniobra, en la medida que logre demostrar públicamente la distancia que ha tenido su proceder en el manejo y administración de los recursos que financiaron su campaña electoral. Situación difícil en la actual coyuntura, pero que, de lograrse hacer efectiva, librarían al actual gobernante de cualquier responsabilidad política frente a la actuación de su hijo.

Sin embargo, el actual gobierno se encuentra en una posición muy riesgosa, porque enarboló las banderas de la lucha contra la corrupción durante su campaña y ha apelado a las mismas estrategias a las cuales se propuso combatir. Entre algunos de los hechos más notables se encuentra: La elección del Contralor General de la Nación, en donde se construyó una coalición que influyera en la elección de un candidato cercano al gobierno. La “repartija burocrática” de puestos públicos y reasignaciones presupuestales a los ministerios que les fue dadas a los partidos tradicionales, por citar los más destacados. Y ahora profundiza el malestar frente a estos procedimientos de la administración gubernamental, con un nuevo escándalo que sacude y debilita la ya comprometida posición de Gustavo Petro.

Esta situación está siendo aprovechada por todos los sectores que ven en peligro su posición política y económica por las reformas que busca impulsar el gobierno actual y que en el futuro buscarán debilitar cada vez más la ya golpeada gobernabilidad del primer mandatario y acrecentar el malestar dentro de la población colombiana para lograr réditos electorales en las próximas elecciones territoriales que se realizarán en el mes de octubre.

Así pues, hablar de una destrucción del capital político del presidente y del margen de gobernabilidad que tiene su gobierno, es una afirmación apresurada. Sin embargo, la posición de Gustavo Petro no es fácil, pues cada vez más tiene un margen de maniobra más reducido para las negociaciones y sacar adelante las reformas que han sido la columna vertebral de su programa de gobierno.