Procuradora, Margarita Cabello, alerta sobre más de 27.000 posibles casos con alto riesgo de trasteo de votos

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, durante su intervención en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral llevada a cabo en la ciudad de Cúcuta, se refirió a la difícil situación de orden público por la que atraviesa Colombia y que podría poner en riesgo las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

Debido a los hechos violentos que se vienen presentando en diferentes regiones de Colombia que “afectan el orden público y la convivencia ciudadana y, por ende, impiden el derecho a la participación, a elegir y postular”, afirmó la procuradora.

Sin embargo, lo que más preocupa a la funcionaria es que 27.891 personas no aparecen en las bases de datos, de los lugares en los que llevaron a cabo la inscripción con miras a ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones territoriales.

“Dentro de nuestra vigilancia preventiva identificamos que los municipios con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio son Bogotá con 3.786 casos, Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878 casos)”, resaltó Cabello Blanco.

El Gobierno Nacional convocó la quinta Comisión realizada previa a las elecciones a llevarse a cabo en el mes de octubre. En el evento estuvo presente el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien se encargó de hacer una serie de balances previos a la contienda electoral.

Uno de ellos fue la identificación de 21 alcaldes que en alguna ocasión sufrieron incidentes en sus municipios. De acuerdo con este caso, en 14 de ellos se tomaron medidas y en este momento se encuentran trabajando desde sus respectivas oficinas, mientras que los demás tuvieron que marcharse de la zona y pidieron protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Esta situación afecta el orden público y la convivencia ciudadana y, por ende, pueden incidir y afectar el derecho a la participación y el derecho a elegir y postular”, manifestó la funcionaria.

En las advertencias de la procuradora, Margarita Cabello Blanco habló sobre la situación de Ider Álvarez, alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, quien tuvo que renunciar a su cargo debido a amenazas y atentados.

“Es inadmisible, que, después de 20 años, un alcalde deba renunciar a su cargo por ver su integridad en riesgo. Parece que vamos en un retroceso en cuanto al orden público y a la seguridad en el país, especialmente en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad”, enfatizó la procuradora.

Así mismo, la funcionaria aseguró en el evento que las autoridades correspondientes deben ponerle la lupa a las 27.891 personas que no aparecen en bases de datos, ya que podrían tratarse de casos de trashumancia electoral (trasteo de votos), debido a que la información es contrastada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), así como también con las del Sisbén.

Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación pidió a las entidades electorales la relación de las 1′739.105 personas inscritas para votar en las elecciones locales de octubre, a fecha de corte julio de 2023, y los más de 2 millones de inscritos hasta el mes en curso (agosto).

Por su parte, el correspondiente rastreo a cualquier falencia que se pueda presentar de cara a las elecciones, también se pretende realizar con los candidatos, por lo cual la procuradora, Margarita Cabello, le solicitó al registrador Nacional, Alexánder Vega, que le envíe la lista definitiva de los inscritos, con el objetivo de revisar si alguno se encuentra inhabilitado.

Finalmente, la procuradora, Margarita Cabello, hizo un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana y por el ordenamiento jurídico.

“En un año electoral, las instituciones del Estado deben mantener el orden y cumplir con la Constitución y la ley. No es momento de generar un caos institucional que pueda derivar en la afectación del desarrollo del proceso electoral y, en consecuencia, en la afectación de los derechos de millones de colombianos”, concluyó.