Polémica por multimillonario contrato de $5.000 millones que entregó la Armada Nacional para la adquisición de antidrones: esto dijo la Contraloría

La Armada Nacional de Colombia adjudicó a Codaltec (Corporación de Alta Tecnología para la Defensa), la adquisición de sistemas antidrones para reforzar la seguridad de sus unidades en Bogotá y Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, tras los ataques con aeronaves no tripuladas atribuidos a estructuras armadas y delincuenciales.

La compra se sustenta en la necesidad de enfrentar amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Grupos Armados Organizados Residuales, los Grupos Delictivos Organizados y la delincuencia común. La medida se conoce mientras las Fuerzas Militares desafían ataques con drones cargados de explosivos.

La Armada busca proteger instalaciones y personal ante ataques con drones

La Armada considera prioritaria la incorporación de sistemas C-UAS, denominación que corresponde a tecnologías para contrarrestar aeronaves no tripuladas. La fuerza sostiene que estos equipos permitirán proteger infraestructura crítica, personal militar y población civil frente a amenazas que se han extendido en el conflicto armado, de acuerdo con documentos conocidos por Semana.

Los sistemas C-UAS están diseñados para detectar, identificar, rastrear y neutralizar drones no autorizados o que representen un riesgo. Su uso apunta a la protección de instalaciones militares, infraestructura estratégica y eventos de gran afluencia.

Codaltec quedó a cargo de la adquisición de los equipos

La Armada adjudicó el contrato a Codaltec, empresa vinculada al Ministerio de Defensa Nacional para adelantar la adquisición de los equipos antidrones.

La contratación ocurre después de cuestionamientos de la Contraloría General de la República. El organismo señaló que Codaltec actuó como intermediaria sin experiencia en el segmento durante procesos de compra de drones y sistemas para contrarrestarlos.

La entidad colombiana, que forma parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), contrató sistemas antidrones para el Ejército Nacional en Catatumbo, Norte de Santander, pero esos equipos no funcionaron.

Ministerio de Defensa afirmó que el Escudo Nacional Antidrones era un proyecto sin recursos ni contratos

El Ministerio de Defensa de Colombia denunció el 9 de noviembre de 2026 presuntas irregularidades en el proyecto Escudo Nacional Antidrones, anunciado durante el gobierno de Gustavo Petro para proteger a militares y policías de ataques con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. La cartera sostuvo que la iniciativa carecía de financiación, viabilidad técnica y contratos para comenzar a ejecutarse en 2026, dos días después del ataque contra el cantón militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

Jorge Mora, jefe de la cartera, afirmó que el sistema había sido anunciado con una inversión de $6,2 billones, aunque no contaba con recursos consolidados ni garantías presupuestales. Tampoco, sostuvo, recibió contratos adjudicados o procesos de compra en curso.

A la par, cuestionó que la administración anterior presentara un sistema integral de defensa frente a drones sin haber asegurado las condiciones técnicas, contractuales y financieras necesarias para ponerlo en funcionamiento. “Prometieron un Escudo Nacional Antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada. Ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica”, afirmó.

El ministro indicó que se habían anunciado $800.000.000.000 para una primera fase, pero que esos fondos no quedaron garantizados para 2026. También cuestionó los viajes de antiguos funcionarios a India, República Checa, Turquía, Qatar, Londres, Washington y Nueva York para evaluar alternativas tecnológicas contra los ataques con drones.

“Que quede claro: anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte no es gestionar y apilar estudios técnicos no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados”, sostuvo. Mora agregó que algunas negociaciones habrían involucrado a empresas que, según su versión, no cumplían las condiciones técnicas exigidas por el comité estructurador.

El alto funcionario también rechazó además la acusación de que el actual Gobierno hubiera cancelado el programa. “Nuestro gobierno no canceló ningún contrato adjudicado ni frenó la compra de ningún sistema, sencillamente porque ese proyecto no existía. Recibimos un cascarón vacío e inoperante”, dijo.