Los maestros en Colombia no podrían volver a paro: Centro Democrático radicó proyecto que prohibiría las huelgas de profesores

El martes 1 de julio los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid radicaron una iniciativa con la que buscan prohibir las huelgas de profesores y de otros sectores. Según explicó Cabal, senadora del Centro Democrático, la idea es que las manifestaciones de docentes no generen afectaciones en el sistema de educación del país.

“El Código Sustantivo del Trabajo en el articulo 430 establece que hay servicios en donde no debería haber huelga. No queremos que se siga permitiendo que haya marchas, activismo y protestas sacrificando la educación de los niños”, comentó la senadora.

Lo que explican los ponentes del movimiento es que lo que se desea modificar el artículo 430. La idea es agregar la palabra ‘esencial’ dentro de lo establecido y calificar a la educación como servicio público. María Fernanda Cabal precisó que su propuesta va en su mayoría direccionada a las huelgas que suele plantear la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

“Queremos subir el estatutos del derecho a la educación como servicio esencial. No puede faltar un maestro a clase (...) Muchos niños en Colombia se atrasan en su formación académica, cuando los docentes no dictan clase para ejercer su derecho a la protesta (...) este será un mecanismo que garantice los derechos a sujetos de especial protección como los niños”, añadió María Fernanda Cabal al hablar de la propuesta.

En el documento, firmado por las dos senadoras y los dos representantes a la Cámara, se lee, de manera textual, que el objetivo es “elevar a rango legal la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, como mecanismo de protección y garantizar derechos a sujetos de especial protección constitucional”.

“Para este efecto se considera como servicio público esencial, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general y/o garantizar derechos de sujetos de especial protección constitucional en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas”, reza literalmente el archivo.

Lo que argumentan desde el documento es que según cifras del Ministerio de Educación Nacional, durante el año 2021 había matriculados unos 7′835.908 niños, niñas y adolescentes; en escuelas y colegios públicos. Aquella población, dice el proyecto, fue víctima de ‘la violación de su derecho fundamental a la educación’ por la decisión de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), de organizar, de ‘manera sistemática’ paros en sus labores.

“Sin importar la calidad en la formación y el retraso en los procesos, deja a los estudiantes sin la posibilidad de recibir educación en las aulas de clase, hasta que sus peticiones son atendidas por el gobierno nacional”, dice la justificación de la ponencia.

De acuerdo con lo que señalan las senadores y los representantes que proponen el cambio en la normativa, en los últimos cuatro años estudiantes han ‘soportado’ 14 jornadas de paro. “Empezaron en 2018 con un cese de actividades que afectó al 42% de la comunidad estudiantil que no pudo recibir clase; de la misma manera en 2019, hubo siete paros que afectaron entre el 33% y el 70% la prestación del servicio educativo; en 2020, hubo 3 paros con un cese que se estimó entre el 1% y el 48%; en 2021, se presentaron dos paros con una suspensión de entre el 31% y el 37%, lo que en todo caso todo caso significa dejar sin educación a los niños del país de manera reiterada”, señala el texto.

Con aquellos datos sobre la mesa, dicen María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid, se puede concluir que en los últimos cuatro años unos 2.742.578 se vieron afectados por paros, es decir, un 35% de los niños, niñas y adolescentes. “Como lo reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, va en contravía del derecho a la educación, como servicio público esencial”.