Petro respondió a la procuradora en medio de la polémica: “Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana”

No se detiene la polémica protagonizada por el presidente Gustavo Petro y la procuradora, Margarita Cabello. Luego de la negativa por parte del mandatario a ejecutar una sanción del Ministerio Público contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por irregularidades en contratación, la funcionaria emitió un duro pronunciamiento sobre la función de estas instituciones.

“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo el Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce el juez penal, sino múltiples autoridades”, expresó Cabello Blanco en medio de un evento privado.

Sobre este pronunciamiento, el jefe de Estado volvió a argumentar a través de su cuenta de Twitter que, contrario a lo expuesto por la procuradora, va a acatar lo referido en instancias internacionales reconocidas por la Constitución.

“Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución no es un caos”, sostuvo el primer mandatario. De paso, insistió en que seguirá acatando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues estas también son de obligatorio cumplimiento en Colombia.

Según el presidente, la Procuraduría no tiene facultad para suspender o destituir a alcaldes o gobernadores elegidos por voto popular; pero para Margarita Cabello sí y tiene como respaldo la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Esta batalla no solamente es jurídica sino política, pues detonó en plena campaña electoral para las elecciones regionales de octubre.

Justamente, la cabeza del Ministerio Público recordó que el artículo 277 de la Constitución determinó que el procurador General por sí solo o mediante sus delegados “Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas”; incluso aquellos que fueron elegidos por voto popular.

En ese orden, la procuradora Cabello enfatizó en que todas las instancias del poder público, incluyendo el presidente de la República, deben obedecer las decisiones proferidas por la Corte Constitucional. También manifestó su preocupación por este nuevo encontronazo con el Ministerio Público a tres meses de los comicios que elegirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles.

“Me preocupa que en este momento de elecciones y proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el estado de derecho y la democracia y a darle a los corruptos electos popularmente, sancionados por la Procuraduría en estos tres años inscribirse y afectar la legitimidad de los ciudadanos para ser candidatos de corporaciones públicas”, añadió Cabello Blanco ante la negación del presidente.

Previo a la respuesta del primer mandatario, el ministro de Justicia salió en su defensa y desde Casa de Nariño explicó que la respuesta de 24 páginas enviada por el primer mandatario a Margarita Cabello ejerce un control de convencionalidad “de oficio” respecto de la decisión emitida de suspender a José Bermúdez Cotes por tres meses, debido a presuntas irregularidades en contratación.

Osuna Patiño también precisó que la Convención Americana de Derechos Humanos “tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, es obligación del presidente de la República (...) aplicar en cualquier acto suyo, todo el ordenamiento jurídico empezando por la Convención Americana”.

“Eso es absolutamente claro, —la Convención Americana— está integrada en la Constitución y tiene primacía sobre el derecho interno”, mencionó el jefe de la cartera de la Justicia y el Derecho en rueda de prensa convocada al mediodía del jueves 27.

Ya hay un antecedente de discusiones entre Petro y la Procuraduría. En 2013, Alejandro Ordóñez, máxima cabeza de la entidad por aquel tiempo, destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá por 15 años debido a irregularidades en el sistema distrital de recolección de basuras.