Choque de trenes entre Gustavo Petro y Margarita Cabello: no ternará reemplazos de funcionarios elegidos que hayan sido suspendidos por la Procuraduría

El presidente Gustavo Petro vuelve a estar envuelto en una polémica, esta vez por el documento que envió en las últimas horas a la Procuraduría General de la Nación, en respuesta a la petición del ente disciplinario para suspender temporalmente al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

Desde ya, los expertos afirman que se trata de un choque de trenes que dejaría en jaque las competencias de la Procuraduría.

Esta pelea casada se originó desde el pasado 23 de abril, cuando la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, emitió una orden de suspensión provisional por tres meses al alcalde de la capital de La Guajira, por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

A pesar de la orden emitida por el ente disciplinario dirigido por Margarita Cabello, desde el despacho del presidente se debía publicar un decreto en el que asignara un nuevo funcionario encargado para reemplazar a Bermúdez. Sin embargo, según el documento enviado a la Procuraduría y fechado el 25 de julio de 2023, el primer mandatario de la República confirmó que desconocerá la medida.

Gustavo Petro acudió a la figura de control exofficio de convencionalidad, un procedimiento internacional que confronta la norma general que se debe aplicar en un caso y el bloque de derechos humanos que afectaría. Dentro de las conclusiones del mandatario, la Procuraduría carece de argumento y autoridad para suspender a un alcalde elegido por voto popular.

En teoría, Petro estaría usando el mismo recurso internacional con el que se salvó de la suspensión emitida por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, en su caso por las basuras de la capital del país cuando fue alcalde. La polémica se desata, entonces, porque con el documento estaría desautorizando a la Procuraduría General de la Nación y dando vía libre a los futuros investigados por el ente, a recurrir a instancias internacionales para revocar las decisiones del órgano disciplinario.

En uno de los apartes conocidos por este medio, el presidente indica que la medida cautelar impuesta no hace parte de las restricciones estipuladas para un elegido por voto popular por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, además de insinuar que no “reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente”.

Entre los argumentos del jefe de Estado para desautorizar a la Procuraduría, alega que su despacho solo pretende no ir en contravía de las normas internacionales. “Implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”, señala el texto de 24 páginas.

Pero Petro detalló más a fondo su decisión de no decretar una terna para la Alcaldía de Riohacha. “El presidente, efectuando una interpretación del efecto útil y acorde con el principio Pro Homine, que solo el hecho que quien profiera la medida cautelar sea una autoridad no jurisdiccional y no en un proceso penal, desconoce la garantía material que acompaña el ejercicio del derecho político humano del Artículo 23 de la Convención ADH”.

Finalmente, después de dejar en firme su decisión sobre el caso, Gustavo Petro informó que trasladó copias del documento al ente disciplinario, para que se hagan los ajustes necesarios a la sanción provisional impuesta al alcalde, además de solicitar que se haga llegar el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al embajador ante la OEA, para que sirvan de testigos en la decisión tomada por el Gobierno nacional.

De momento se desconoce la respuesta de la procuradora Margarita Cabello, aunque desde ya se habla de un enfrentamiento entre las partes que podría llegar, incluso, a instancias internacionales. La Fiscalía también deberá tomar partido, luego de que el primer mandatario remitiera el caso hasta sus oficinas, para que revise los antecedentes y tome acciones necesarias si es prudente.