
Luego de una reunión que sostuvo la Procuraduría General de la Nación (PGN) con directivos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se generó una alerta por la posible interrupción de los servicios tecnológicos que se ofrecen en el establecimiento público. Lo anterior, debido a que el contrato actualmente vigente culminará el 31 de julio de 2023 y ya alcanzó el límite de adiciones permitido por la normativa.
Eso quiere decir, que a partir de agosto, más de ocho millones de aprendices se verían afectados en su formación académica al dejar de acceder a estos servicios. De acuerdo con la Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, citada por la Procuraduría, el contrato que está pronto a vencerse permite la implementación de diferentes programas, cuya continuidad genera incertidumbre.
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Además de la culminación del negocio jurídico, hay otro problema. Actualmente, hay un proceso de licitación que se encuentra suspendido y, en esa medida, no es claro cómo podría garantizarse la continuidad de los programas académicos.
Asimismo, tampoco existe certeza sobre los recursos que podrían destinarse para la formación de los aprendices y sobre la posibilidad de que se cumpla con el contrato sin tener que dejar de prestar los servicios tecnológicos.
“El Ministerio Público solicitó a los directivos establecer mecanismos para garantizar la prestación del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con los posibles escenarios y las contingencias que tendrían que ser resueltas desde agosto en caso de que no sea factible evitar la interrupción [del contrato]”, sostuvo el organismo de control.
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Problemas de financiación en el Sena
En febrero de 2023, el director nacional de Formación Profesional del Sena, Wilfredo Grajales Rosas, informó que el establecimiento público estaba enfrentando varios cambios, en los que se incluye la contratación de educadores, para lo cual no se contaba con los recursos suficientes.
“Son 792.500 millones de pesos que se destinaron. Tenemos que decir que el Sena está desfinanciado y tenemos problemas. Nos dieron los mismos recursos para hacer todos los ajustes”, aseguró el director Grajales para W Radio.
Sin embargo, la contratación tardía de instructores no solo respondía a la falta de dinero, sino también al cambio de Gobierno. Pues, de acuerdo con Wilfredo Grajales, la transición de las administraciones supone también transformaciones en el Sena.
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“Estamos hablando de educación no formal. Tenemos un calendario y lo vamos ajustando con respecto a las necesidades. Los cambios de Gobierno siempre están generando cambios que se traducen en los planes de desarrollo y situaciones nuevas como el reemplazo de personal. Todo eso genera movimientos más lentos”, señaló el director en su momento para el medio citado.

Según indicó Grajales a W Radio, los contratos que se estaban adelantando a inicio de año eran de suma importancia, pues se requerían casi 20.000 instructores. “Es la contratación más grande y la Agencia Pública de Empleo debe empezar una sistematización y de definir a quién se va a contratar”, sostuvo el director en su momento.
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En ese sentido, los trámites de contratación en cuestión requerían de tiempo y, además, fueron demorados porque quienes participaron en las diferentes convocatorias tardaron en allegar los documentos requeridos. “La gente se demora mucho en subir todo lo que requieren las plataformas, además lo suben mal. Todo eso hace que haya retrocesos que se van volviendo un tema complicado”, explicó William Grajales al medio.
Así las cosas, aunque la falta de recursos y el tiempo que requiere la ejecución de trámites implicaron demoras en el ingreso de nuevos instructores, el director aseguró que el Sena no se detuvo en el desarrollo de los procesos contractuales.
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“Lo hemos hecho con bastante diligencia. El Sena no ha parado y hemos estado trabajando en las regiones, pero nos encontramos con variables que afectan la situación, como las plataformas”, agregó el director nacional.
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