
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres extranjeros venezolanos, capturados por el homicidio del patrullero de la Policía, Jaime Andrés Ávila, producido el jueves 29 de junio, mientras laboraba como infiltrado en la red de microtráfico denominada ‘Los Cachorros’, en el barrio San Antonio de la Comuna I, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
La medida de aseguramiento se impuso a los venezolanos Roy Joce Guzmán Iscupi, Roinel Fernando Iscupi y Osma Alexander Pérez, sindicados de estar detrás del homicidio del patrullero de la policía, de 23 años de edad.
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Conforme a los análisis de los investigadores, de cámaras de seguridad y reconocimientos fotográficos, entre otras actividades judiciales evidenciaron que los capturados presuntamente trasladaron al uniformado a un callejón en el barrio Compartir, despojándolo de su arma de dotación y disparándole en varias oportunidades.
Gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial y la Sijín del Departamento de Policía de Cundinamarca se determinó que, luego de este asesinato, este grupo de venezolanos se ocultaron en una vivienda, donde finalmente
En desarrollo de la diligencia de registro y allanamiento realizada por los investigadores en el inmueble fueron decomisados un revólver calibre 38, una pistola traumática modificada con capacidad para disparar proyectiles 9 milímetros y el arma del patrullero Ávila Vega.
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En relación con los hechos un fiscal de la seccional Cundinamarca imputó a los detenidos los delitos de: homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Al momento de ser interrogados por parte del juez, los tres extranjeros no aceptaron los cargos imputados por parte de la Fiscalía.
Carlos Manuel Silva, director seccional de Fiscalías de Cundinamarca, añadió que los operativos de las autoridades de policía judicial para ubicar y judicializar a otros posibles involucrados en el homicidio del patrullero Jaime Andrés Ávila.
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Tres miembros de una familia en Soacha fue asesinados por negarse a pagar una extorsión
Un hecho de sicariato enlutó el barrio Rincón del Lago, en el municipio de Soacha, luego de que tres miembros de una familia fueran ultimados a disparos por desconocidos. El delito ocurrió el sábado 1 de julio en horas de la mañana, cuando hombres armados llegaron hasta un montallantas y arremetieron contra las víctimas.
Según las primeras versiones, al responsable del establecimiento comercial lo estaban obligando a pagar extorsiones. Ante la negativa de la persona a entregar su dinero, los hombres regresaron horas más tarde, ingresaron al lugar y atacaron a todos los que se encontraban adentro. Las víctimas del homicidio serían el padre y sus dos hijos, uno de ellos de 15 años. “Eran como las nueve la mañana y unos señores fueron al montallantas a cobrarles vacuna, entonces salió un hijo de él y se le negó” informó un vecino al ser entrevistado por Citytv.
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Según los relatos de los testigos los autores materiales del hecho serían tres hombres, al parecer, de nacionalidad venezolana, quienes huyeron del lugar luego de disparar indiscriminadamente y alertar a los vecinos. Las víctimas respondían a los nombres de: Orlando Jácome Nieto Ospina, de 59 años; Yeisson Orlando Jácome, de 20 años y B. Jácome de 15 años.
Según el reporte de las autoridades, las tres víctimas alcanzaron a ser trasladas hasta el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca. Sin embargo, dos de los hombres llegaron al centro asistencial sin signos vitales, mientras que el tercer hombre alcanzó a ser remitido a una sala de cirugía con un pronóstico crítico, pero ante la gravedad de sus lesiones perdió la vida horas más tarde.
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Cuentan los habitantes del sector que este no sería un caso aislado. De hecho, son varios los que mencionan sobre la presencia de bandas criminales que estarían asechando a los comerciantes de Rincón del Lago, para cobrar extorsiones a cambio de supuestos servicios de vigilancia. De igual forma, los residentes comentan que el control de los ilegales es absoluto y mantienen vigilancia permanente sobre el sector.
En las denuncias de la comunidad, también resalta que los grupos ilegales cobran cuotas entre veinte mil y dos millones de pesos. La cuota de la vacuna variaría según el cálculo hecho por la organización delincuencial, que está basado en el flujo de clientes que reciba cada establecimiento comercial.
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“Ellos se dan cuenta cuánto vende usted o investigan, no sé, cuánto se ganan, si su negocio es próspero o no es próspero y así mismito cobra vacuna de un millón, dos millones, dependiendo el negocio; lo grande y lo que produzca”, le contó a Citytv uno los habitantes del sector.
La comunidad le solicitó a las autoridades y a la Alcaldía de Soacha mayor presencia policial y medidas contundentes contra las extorsiones que azotan el barrio, para evitar hechos violentos como este que enlutó a una familia por la muerte de tres de sus familiares.
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