
Dentro de la inspección hecha por la Contraloría General a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por presuntas irregularidades, la entidad hizo 83 hallazgos importantes, algunos de estos fiscales, los cuales ascienden a un monto cercano a los 24.000 millones de pesos.
El contralor delegado en el sector Justicia, Andrés Castro, explicó que esta es una auditoría de cumplimiento que se le realizó a la Uspec, en la que se le hacía seguimiento a un contrato interadministrativo que se celebró entre la Uspec y Fonade, hoy Enterritorio, en el cual se buscaba la ejecución de cerca de $400.000 millones con el objeto de superar la crisis carcelaria que, en ese momento, fue declarada de la manera más rápida y eficiente.
Castro, en entrevista a El Nuevo Siglo, reveló que seis años después, gran parte de este presupuesto no se terminó de ejecutar. “Muchos de estos contratos no llegan ni siquiera al 60% de avance, y hay uno de ellos donde hay un gran componente de presupuesto que es la construcción del establecimiento El Pilamo en Pereira, el cual tiene un avance del 11%”.
De esta manera, con base en estas visitas, explicó el funcionario, “se establecieron cerca de 83 hallazgos, algunos de estos fiscales, los cuales ascienden a un monto cercano a los 24.000 millones de pesos, los cuales se trasladaron a la Dirección de Unidad Fiscal para que se inicien los procesos correspondientes, con miras a encontrar a los responsables, la idea es que estos recursos retornen al erario público”.
Sobre el tema carcelario aseguró, al mismo medio, que existen varios proyectos de infraestructura cuyos recursos están en riesgo. “Hemos realizado seguimiento permanente, acabamos de proferir una alerta en la última actuación de seguimiento permanente con base en el avance de la cárcel de Sabanas de San Ángel en el departamento de Magdalena”.
Sobre este último proyecto aclaró que está valorada en cerca de $291.000 millones, pero los trabajos se suspendieron desde diciembre y hoy en día las obras no se retoman, lo que ha generado mucha preocupación.
Del mismo modo, explicó que está en proceso de adjudicación la cárcel de Barrancabermeja, donde ya se inició el proceso contractual, pero también tiene una suspensión bastante larga.
Más señalamientos de la Contraloría
La Contraloría General en un comunicado se refirió a la cárcel de Sabanas de San Ángel “La prolongada suspensión de la obra, más de cinco meses, genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento”.
Para esta obra estarían en juego unos 291.497 millones de pesos que fueron destinados para la ejecución de la obra y equipamiento de centro reclusorio, de los cuales más de 275.000 millones estaban destinados a su construcción y otros 16.000 para trabajos de interventoría.
Así mismo, la Contraloría se refirió al caso de la cárcel en La Guajira, donde tan solo se reporta un avance del 5.35%, la ejecución más baja de los últimos tres años, y su retraso estaría vinculado a ciertas inconformidades de las comunidades indígenas de las zonas circundantes al proyecto, que se oponen a la construcción del centro penitenciario.
En total, de acuerdo con el ente de control, serían unos 4.500 cupos para privados de la libertad los que estarían en juego con el retraso de las obras que, según su cronograma inicial, estaban presupuestadas para ser entregadas entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2026. Sin embargo, ninguno los centros penitenciarios supera el 30% de avance, por lo que se desconoce la fecha real de culminación de los megaproyectos.
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