La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder seis testimonios que involucran a Arturo Char con presunta compra de votos

El alto tribunal tiene pruebas en contra del exsenador de Cambio Radical que demostrarían que Char incurrió en compra de votos

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Corte Suprema de Justicia tiene en su poder testimonios que implicarían a Alejandro Char en presunta compra de votos / Colprensa.

Según el medio informativo Blu Radio, la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas contundentes en contra del exsenador Arturo Char de Cambio Radical, que demostrarían que este habría incurrido en el delito de compra de votos y que además sería la cabeza principal como presunto organizador y financiador de una estructura delictiva en la que también habrían participado Aida Merlano, Julio Gerlein y Lilibeth Llinás.

Algunos testigos que han declarado bajo la gravedad de juramento ante los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema afirman que Char, quien además es hoy el candidato más fuerte para ser reelegido como alcalde de Barranquilla, habría sido uno de los integrantes de ese grupo y también sería quien tendría a su cargo la planificación de diversas actuaciones ilegales.

El medio citado también asegura que en el expediente que se tiene contra Arturo Char contiene documentos y testimonios que demostrarían que el expresidente del Senado sería quien posiblemente “organizó, promovió y financió una estructura delictiva para atentar contra los mecanismos de participación democrática”, que habría estado a cargo en la compra de votos durante las elecciones para el Congreso de la República llevadas a cabo el 11 de marzo de 2018.

Otros testimonios que están dentro del material probatorio que se encuentra en poder de la Corte Suprema de Justicia, son los de Aida Merlano, Rafael Antonio Rocha, Rafael Palencia Barrera, Edwin Martínez Salas, Evelin Diaz y Adalberto Llinás.

Adicional a estos testimonios también hay documentos y elementos digitales que fueron obtenidos durante el allanamiento a la “Casa Blanca” en los que se evidencian varios momentos en los que Arturo Char podría encontrarse involucrado en la creación y dinámica de un grupo delictivo, que, según testigos, buscaría asegurar la hegemonía política de la familia Char en el Atlántico y bajo la misma estructura buscaría apoyar a través de esa misma estructura, la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en el 2018.

Entre tanto, las pruebas que tiene en su poder la Corte Suprema podrían confirmar la participación de Char, con base en una metodología proselitista al parecer ilegal, el apoyo a la aspiración de Aida Merlano al Senado en 2018, a pesar de pertenecer a una colectividad diferente a la suya, ya que Merlano era candidata por el Partido Conservador y Char pertenece a Cambio Radical.

Según la versión de los testigos, el acuerdo constituido entre Char y Merlano era que la fórmula de ella fuera Lilibeth Llinás, perteneciente al partido Cambio Radical, y que es entrañable amiga de Arturo Char, así como su hermano Adalberto Llinás, quien desde “Casa Blanca” habría sido coordinador de la campaña de su hermana, y al mismo tiempo de la de Arturo Char, para la compra de 10.000 votos.

Otros testimonios recogidos en la investigación aseguran que Arturo Char Chaljub visitó la sede “Casa Blanca” entre octubre y diciembre de 2018, según Aida Merlano y Rafael Antonio Rocha, con el propósito de materializar la presunta alianza entre esta organización que sustenta el delito de concierto para delinquir por el cual es investigado el exsenador de la República.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema proceda a resolver la situación jurídica de Arturo Char; es decir, que decida si le imponen o no medida de aseguramiento por los delitos que fueron objeto de imputación en la diligencia de indagatoria.

Es importante recordar que debido a estos hechos que se desarrollaron en la sede política de Arturo Char denominada la “Casa Blanca” en Barranquilla, Aida Merlano Rebolledo fue condenada a 15 años de cárcel, por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte el 12 de septiembre de 2019, confirmada por la Sala de Casación Penal el 28 de marzo de 2020.