El Gobierno Petro no ha invertido su potencial político en la lucha anticorrupción, según informe de Americas Society

Una nueva entrega del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC 2023), realizado por la Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, reveló que la corrupción sigue siendo un reto en América Latina y se consolida como la principal preocupación de ciudadanos y gobiernos de la región.

Este estudio incluye a 15 países que en conjunto representan el 96% del PIB de América Latina” y analiza la lucha que emprenden los gobiernos para enfrentar este flagelo. El índice examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.

Para Colombia, los resultados se mantienen relativamente estables, aunque con un descenso del 2% en su puntuación global. Así, el país cayó del octavo al noveno lugar registrando una puntuación de 4,78 sobre 10 en el 2023.

La puntuación del país descendió sobre todo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación con un 7%, seguida por la de capacidad legal con un 2%.

Además, destaca que la campaña presidencial de Gustavo Petro tuvo como clave la lucha contra la corrupción, pero, una vez asumida la presidencia, no se han evidenciado resultados contundentes ni una estrategia que permita hacerle frente a la problemática: “el gobierno ha invertido su potencial político en otras estrategias como como la Paz Total o reformas a sectores clave como salud, trabajo u pensiones”, señala el informe.

Aunque el documento destaca que hubo una mejora moderada en las instituciones políticas, también asegura que Colombia ha vivido un aumento de tensiones entre estas por cuenta de diferencias entre Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.

Entre los casos de corrupción que reseña el CCC 2023 se cuentan las investigaciones sobre el caso Odebrecht, los supuestos pagos que recibieron el hermano e hijo del presidente Petro y señalamientos sobre ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Finalmente, distinguió el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso en mayo, señalando que es clave para impulsar las políticas públicas enfocadas en la lucha contra la corrupción.

En el panorama latinoamericano, las organizaciones señalan que, con las democracias y las instituciones fundamentales bajo presión en la región, se registró un descenso en la puntuación promedio por primera vez desde 2020, presentando un puntaje de 4,77 sobre 10, frente al 4,85 del 2022.

Es así como entre los principales hallazgos se estableció que 2 de los 15 países experimentaron descensos significativos en sus puntuaciones en 2023, y un país experimentó una mejora sustancial. Así está la tabla del Índice Anticorrupción actual (medido sobre 10 puntos):

1. Uruguay (6,99)
2. Costa Rica (6,76)
3. Chile (6,67)
4. Perú (5,53)
5. República Dominicana (5,42)
6. Panamá (5,39)
7. Argentina (5,07)
8. Brasil (4,83)
9. Colombia (4,78)
10. Ecuador (4,68)
11. Paraguay (4,61)
12. México (3,87)
13. Guatemala (2,86)
14. Bolivia (2,56)
15. Venezuela (1,46)

El país con mayor aumento fue en Panamá con 9%, impulsado por las mejoras en su capacidad legal, siendo uno de los países junto con República Dominicana y Paraguay que mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo.

”Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales. Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019″, aseguran.

De acuerdo con Brian Winter, presidente de Políticas de AS/COA, “El índice muestra lo que muchos de nosotros hemos sentido: los esfuerzos anticorrupción están perdiendo impulso en muchos países de América Latina a pesar de que el tema sigue siendo una prioridad para los votantes”.

De la misma manera, Geert AAlbers, socio en Contral Risks, explicó que “con los esfuerzos anticorrupción en toda la región estancados, si no en retroceso, las empresas y otras partes interesadas tienen una responsabilidad cada vez mayor para promover prácticas comerciales transparentes y éticas”.